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Ley constitucional para la Republica de Cuba

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Title:
Ley constitucional para la Republica de Cuba
Uniform Title:
Constitución (1952)
Alternate Title:
Ley constitucional para la República de Cuba
Creator:
Cuba
Place of Publication:
Habana
Publisher:
Editora Continental
Publication Date:
Language:
Spanish
Physical Description:
1 online resource (85 p.) : ;

Subjects

Subjects / Keywords:
Constitutions -- Cuba ( lcsh )
Constituciones -- Cuba ( bidex )
Constitutions ( fast )
Cuba ( fast )
Genre:
legislation ( marcgt )

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Statement of Responsibility:
aprobaba por el Consejo de Ministros el 4 de abril y publicada en edición extraordinaria de la Gaceta oficial del mismo día.

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Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
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762194686 ( OCLC )
ocn762194686

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FLS c/ji


REPUBLICA DE CUBA


LEY CONSTITUCIONAL


PARA LA


REPUBLICA DE CUBA




APROBADA POR EL CONSEJO DE MINISTROS EL 4 DE ABRIL Y PUBLICADA EN EDICION EXTRAORDINARIA DE LA GACETA

OFICIAL DEL MISMO DIA.



1952




E D I T O R A C 0 N T I N E N T A L. S. A.
O'REILLY 166 - HABANA















Consejo de Ministros




El Jefe del Gobierno y el Consejo de Ministros, antes de exponer las consideraciones b6sicas de la que debe ser LEY FUNDAMENTAL DE LA REPUBLICA, estiman ineludible formular la siguiente,
DECLARACION PRELIMINAR

Fieles al espfritu de la Revoluci6n y recogiendo los m6s hondos
anhelos del pueblo cubano, promulgamos estos Estatutos Constitucionales, que organizan el Estado acorde con los principios esenciales que ha consagrado nuestra historia, y que establecen las normas indispensables para avanzar hacia el cabal'cumplimiento
de las promesas que solemnemente hicimos a Ia naci6n.
La Revoluci6n habia cristalizado orgdnicamente en la Carta
Constitucional de 1940, emanada de limpios y ejemplares comi. cios, que asentaban' una tradici6n politica, fundada en la pureza y
libre emisi6n del sufragio. Pero esta tradici6n y todo el sentido hist6rico de nuestro texto b6sico, fueron objeto de imperdonable desd6n por aquellos en quienes la funci6n de gobernantes obligaba a mayor respeto y m6s alta responsabilidad.
En esas condiciones, la Constituci6n de la Repfiblica estaba
pr6cticamente anulada, en su doble condici6n, como carta de derechos politicos y como cuerpo de normas llamadas a conducir el proceso revolucionario hacia su etapa filtima y culminante, con una politica de fomento de Ia economia nacional, que consolide las conquistas sociales, asegure trabajo a todos los cubanos, ofrez ca amplio campo al espiritu de empresa, y que, en fin, imprima al pais la dindmica de progreso que permiten los grandes recursos
naturales de nuestra Isla.
El m6s elemental derecho de la convivencia democr6tica y ci- 239925






vilizada; el derecho a la vida, era reiteradamente violado, ante el estupor de la familia cubana, que vivia en perenne zozobra, recelosa de una autoridad que en vez de perseguir y castigar el delito, lo amparaba y estimulaba; la vida administrativa de la Repiiblica era un verdadero caos, sin coherencia, sin espiritu de trabajo, sin afdn de creaci6n, sin respeto alguno para el patrimOnio nacional; la politica del pais habia sido conscientemente anarquizada, rompi6ndose todo principio de equilibrio y de sano funcionamiento de la democracia; la, sociedad contemplaba alarmada c6mo desde las m6s altas esferas de gobierno se daban malsanos ejemplos a las juventudes y, naturalmente, como indefectible y fatal consecuencia de este clima nefasto que disgregaba las fuerzas del pais cuando m6s se requerfa su cohesi6n y espiritu de conjunto, el proceso revolucionario cubano se estancaba y asfixiaba, sin poder marchar hacia su definitivo perfil hist6rico.
. Ante este cuadro de desolaci6n y de crisis, lleno de peligros y de sombrios augurios, fu6 necesario retornar al punto de partida de la Revoluci6n como fuente de derecho, para asegurar la pacifica y democr6tica convivencia nacional, salvaguardar los avances sociales, defender la moral y mantener el ritmo de progresa, que es la substancia de la Revoluci6n y que s6lo puede impulsarse dentro de un ambiente de paz, de respeto a la vida y la persona del ciudadano, de amparo al trabajo y de plenas garantias para el capital de inversi6n.
El m6s palpitante y dram6tico problema del mundo contempor6neo, centro de las preocupaciones de los gobernantes que piensan y se orientan en el sentido que sefiala la historia, es el de asegurar ocupaci6n estable y decoroso sustento a todos los seres hu.manos. En Cuba, por el car6cter estacional de nuestras principales industrias y la contextura general de la economia del pais, este problema adquiere un altisimo relieve de penuria y dolor. La Revoluci6n no habr6 cuajado hist6ricamente, no habr6 respondido a sus m6s pristinas esencias, mientras no logre estructurar un s6ido r6gimen de economia, que borre estas sombras de miseria y preocupaci6n, haciendo viva realidad el mandato revolucionario de la Carta de 1940, que define el trabajo como derecho del cubano, que el Estado debe promover y garantizar.
Hacia esta meta nos proponemos llevar la Revoluci6n, para cerrar el ciclo de crisis que se inici6 en el afio de 1927 y abrir amplios horizontes a las juventudes cubanas, que hoy salen de los
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hogares y de las aulas con escasisimas posibilidades de utilizar sus brazos y su cerebro en la-vida activa del pais.
Los Estatutos Constitucionales que promulgamos, consecuentes con su genesis y proyecciones revolucionarias, mantienen todo el espiritu innovador y de progreso social' de la Carta de 1940, y crean las condiciones juridicas imprescindibles para que este espiritu, que estaba asfixiado -y anulado, se transfunda en toda la vida cubana, fijando permanentemente las bases para el sano florecimiento de nuestra democracia,. con la plena vigencia de los derechos politicos, los derechos sociales, el derecho a la vida y el derecho al trabajo, torcidos y obstaculizados por la acci6n desquiciadora y an6rquica del fenecido r6gimen de peculado y crimen, que la Revoluci6n ha tenido que remover como un valladar que obstrufa la marcha ascendente de nuestro progreso y turbaba la tranquilidad de la familia cubana.
Al amparo de estos Estatutos, vamos a iniciar un vasto programa de realizaciones, afrontando responsablemente todos los problemas que en el presente momento hist6rico inquietan al pais. Vamos a poner en movimiento y en fecunda acci6n creadora la plataforma de riqueza potencial del pais, con el completo asentcimiento del campesino sobre la tierra, la organizaci6n de cooperativas y el fomento de la empresa agricola, estimulando el empleo de todos los recursos que facilita la tdcnica moderna, con el integral aprovechamiento de los yacimientos mineros de nuestro subsuelo, la m6s amplia explotaci6n de los elementos de subsistencia que ofrecen los mares que circundan la Isla y el cabal desarrollo de todas nuestras posibilidades industriales. Los problemas del transporte, servicio de agua, de salubridad, cultura popular, vivienda para las clases humildes, de la lucha contra las enfermedades y de la movilizaci6n de todos nuestros recursos naturales, han de ser coordinados dentro de un plan inmediato de trabajo, cuya base es la ordenaci6n eficiente y honesta de la administraci6n piblica, e impuls6ndose bajo el r6gimen de derechos sociales, de acci6n orientadora del Estado y de respeto y estimulo a la empresa privada, que postula la Revoluci6n.
En esta gran empresa nacional que nos proponemos acometer, Ilevando la Revoluci6n cubana a su plena culminaci6n institucional en orden al trabajo y a la economia, estamos seguros de que tendremos la entusiasta y decidida colaboraci6n de todas las fuerzas sociales del pans, de los agricultores, los obreros, los industriales, los profesionales, la Banca, los comerciantes, las juventudes







hombres y mujeres de nuestra Patria, porque a todos los cubanos, sin distingos de clases ni de ideas, interesa por igual el aianzamiento de la paz pfiblica, la soluci6n del conjunto de problemas que tenemos planteados en distintas zonas de la actividad social y la integraci6n de un r6gimen econ6mico que asegure una vida estable y decorosa a la naci6n.
Cuando esta acci6n reconstructiva y rehabilitadora haya extraido al pais definitivamente del clima de caos, de anarquia y de zozobra en que se le habia sumido, y lo encauce por caminos de paz y de creaci6n, la Revoluci6n comparecer6 sin demora nuevamente ante el pueblo cubano, en ejemplares comicios, conforme a la tradici6n politica que ya habia establecido, para someter al aval de la ciudadania la obra hist6rica que alumbr6 de nuevo como una aurora de promisi6n en la madrugada del 10 de Marzo.
Por cuanto: Habi6ndose producido de hecho, con motivo de los acontecimientos del 10 de Marzo A1timo, la disoluci6n del Poder Ejecutivo de la Naci6n, se hizo necesario designar un Jefe de Gobierno que con un Cpnsejo de Ministros asumiera la potestad que corresponde a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, con objeto de conducir la Naci6n hacia un clima de paz que permita el ejerci cio ordenado de la libertad, base del bienestar general, que ha sido eF impulso mot riz del movimiento que los Institutos Armadcs han producide.
Por cuanto: Al asumir el Gobierno Provisional la total responsabilidad del momento hist6rico que se est6 viviendo y que habra de juzgarse en definitiva por sus resultados pr6cticos y reales, no es posible pretender que se mantenga en vigor la estructura legal de los mismos 6rganos que, por tolerancia u omisi6n de sus titulares, produjeron el estado de cosas que ha justificado plenamente para el pueblo el cambio producido, y cuya total erradicaci6n constituye el anhelo del movimiento realizado y la esperanza confiada de la Naci6n.
Por cuanto: Los principios b6sicos de la democracia no descansan tanto en lo externo de sus instituciones como en los postulados digm6ticos fundamentales de soberania popular y de libertad. los cuales no son desconocidos por la suspensi6n de las funciones del Congreso, que en estp caso resulta indispensable para el funcionamiento del r6gimen provisional creado.
Por cuanto: El Gobierno Provisional tiene el prop6sito inquebrantable de convocar a elecciones generales en el m6s breve

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plazo que fuere posible, dando antes cumplimiento a los principios programhticos del movimiento revolucionario y que no son otros, en definitiva, que la ratificaci6n de la organizaci6n del Estado Cubano, con aptitud para asegurar la libertad y la justicia, mantener el orden y promover el bienestar general; y, a ese fin, ha tenido especial cuidado en confirmar, sin merma alguna, los derechos fundamentales y dogmhticos consagrados por el pueblo de Cuba, y ha respetado el funcionamiento de aquellos 6rgqnos compatibles con el r6gimen provisional y con las necesidades sociales y econ6micas de la vida que inicia la Rep~iblica y que se pretende dejar efectivamente organized Para lo futuro.
Por cuanto: A fin de que tenga representaci6n adecuada la totalidad de los sectores fundamentales de la vida nacional, debe darse intervenci6n en la goberncqci6n del pais a las clases representativas de la actividad econ6mica, social y civica de la Naci6n en forma que todos los intereses en conflicto al dictarse las medidas de trascendencia, resulten ofdos y contemplados; y, en todo caso, para que quede desvanecido, sin sombras de dudas, que el movimiento revolucionario del 10 de marzo no ha respondido a la ambici6n de poder por parte de sus gestores, prueba de lo cual se ofreci6 desde los primeros instantes en que result6 org,nizado el nuevo Gobierno.
Por cuanto: En atenci6n a lo expuesto, se proceder& a otorgar las funciones ejecutivas al Presidente de la Replblica y las legislativas al Consejo de Ministros, oyendo, cuando proceda, al Consejo Consultivo, en el que estarin representadas las diferentes clases sociales y econ6micas'de la Naci6n.
Por cuanto: Las estadisticas de criminalidad demuestran manifiestamente el aumento creciente de la delincuencia, despu6s de la supresi6n de la pena de muerte, sobre todo en lo que respecta a las formas delictuales conocidas por "pistolerismo" y "terrorismo" que en los iltimos afios han mantenido alarmada a la ciudadania, tanto por una presunta tolerancia gubernamental como por falta de sanci6n ejemplarizante, lo que obliga a que por el Consejo de Ministros se dicten las normas penales adecuadas con sanciones que puedan alcanzar hasta la pena de muerte para tales delitos y los que prev6 la Ley Penal Militar.
Por tanto: El Primer Ministro y el Consejo de Ministros, Resuelven:
Aprobar, sancionar y promulgar la siguiente,
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LEY CONSTITUCIONAL PARA LA REPUBLICA DE CUBA

TITULO PRIMERO

De la Naci6n, su Territorio y Forma de Gobierno

Articulo 1.-Cuba es un Estado independiente y soberano organizado como repdiblica unitaria y democr6tica, para el disfrute de la libertad politica, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana.
Articulo 2.-La soberania reside en el pueblo y de 6ste dimanan todos los poderes pi'blicos.
Articulo 3.-El territorio de la Rep~iblica est6 integrado por la Isla de Cuba, la Isla de Pinos y las dem&s islas y cayos adyacentes que con ellas estuvieron bajo la soberania de Espafia hasta la ratificaci6n del Tratado de Paris de diez de diciembre de mil ochocientos noventa y ocho.
La Rep~iblica no concertar& ni ratificar& pactos o tratados que en forma alguna limiten o menoscaben la soberania nacional o la integridad del territorio.
Artic{ilo 4.-El territorio de la Reptiblica se divide en provincias y 6stas en t6rminos municipales. Las actuales provincias se denominan: Pinar del Rio, La Habana, Matanzas, Las Villas, Camagiiey y Oriente.
Articulo 5.-La bandera de la Rep6blica es la de Narciso L6pez que se iz6 en la fortaleza del Morro de La Habana el dia veinte de mayo de mil novecientos dos, al transmitirse los poderes pdiblicos al pueblo de Cuba. El escudo nacional es el que como tal est6 establecido por la Ley. La Rep~iblica no reconocer6 ni consagra-o ra con car6cter nacional, otra bandera, himno o escudo que aquellos a que este Articulo se refiere.
En los edificios y dependencias p iblicas y en los actos oficiales, no se izar6 m6s bandera que la nacional, salvo las extranjeras en los casos y en la forma permitidos por el Protocolo y por los usos internacionales, los tratados y las leyes. Por excepci6n podrA enarbolarse en la Ciudad de Bayamo, declarada monumento na cional, la bandera de Carlos Manuel de C6spedes.
El himno nacional es el de Bayamo, compuesto por Pedro Figueredo, y ser6 el inico que se ejecute en todas las dependen-8-







cias del Gobierno, cuarteles y actos oficiales. Los himnos extranjeros podr6n ejecutarse an los casos expresados anteriormente en relaci6n con las banderas extranjeras.
No obstante lo dispuesto en el p6rrafo segundo de este Articulo, en las fortalezas y cuarteles se podr6n izar banderas pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Asimismo las sociedades, organizaciones o centros de cualquier clase podr6rn izar sus banderas o insignias en sus edificios, pero siempre el pabell6n nacional ocupar6 lugar preferente.
Articulo 6.-El idioma oficial de la Reptiblica es el espafiol.
Articulo 7.- uba condena la guerra de agresi6n; aspira a vivir en paz con los dem6s Estados y a mantener con ellos relaciones y vinculos de cultura y de comercio.
El Estado cubano hace suyos los principios y pr6cticas del Derecho Internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la soberania de los pueblos, a la reciprocidad entre los Estados y a la paz y la civilizaci6n universales.

TITULO SEGUNDO
De la Nacionalidad
Articulo 8.-La ciudadania comporta deberes y derechos, cuyo ejercicio adecuado ser6 regulado por la Ley.

Articulo 9.-Todo cubano est6 obligado:
a) A servir con las armas a la patria en los casos y en la forma que establezca la Ley.
b) A contrib~ir a los gastos piiblicos en la forma y cuantia
que la Ley disponga.
c) A cumplir esta Ley Constitucional y las Leyes de la Repiiblica y observar conducta civica, inculc6ndola a los propios hijos y a cuantos est6n bajo su abrigo, promoviendo
en ellos la mcis pura conciencia nacional.

Articulo 10.-El ciudadano tiene derecho:
a) A residir en su patria sin que sea objeto de discriminaci6n
ni extorsi6n alguna, no importa cu6les sean su raza, clase,
opiniones politicas o creencias religiosas.
b) A votar segtin disponga la Ley en las elecciones y referendos que se convoquen en la Repfiblica.
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c) A recibir los beneficios de la asistencia social y de la cooperaci6n p~iblica, acreditando previamente en el primer caso,
su condici6n de pobre.
d) A desempefiar funciones y cargos piblicos.
e) A la preferencia que en el trabajo dispongan esta Ley Constitucional y la Ley.
Articulo 11.-La ciudadania cubana se adquiere por nacimiento o por naturalizaci6n.
Articulo 12.-Son cubanos por nacimiento:
a) Todos los nacidos en el territorio de la Repfiblica, con excepci6n de los hijos de los extranjeros que se encuentren
al servicio de su gobierno.
b) Los nacidos en territorio extranjero, de padre o madre cubanos, por el s6lo hecho de avecindarse aqu6llos en Cuba.
c) Los que, habiendo nacido fuera del territorio de la Repdblica de padre o madre natural de Cuba que hubiesen perdido esta nacionalidad, reclamen la ciudadania cubana en la forma y con sujecci6n a las condiciones que sefiale la
Ley.
d) Los extranjeros que por un afio a m6s hubiesen prestado servicios en el Ej6rcito Libertador permaneciendo en 6sta hasta la terminaci6n de la Guerra de Independencia, siempre que acrediten esta condici6n con documento fehaciente expedido por el Archivo Nacional.
Articulo 13.-Son cubanos por naturalizaci6n:
a) Los extranjeros que despu6s de cinco afios de residencia
continua en el territorio de la Rep~iblica y no menos de uno despu6s de haber declarado su intenci6n de adquirir la nacionalidad cubana, obtengan la carta de ciudadania con
arreglo a la Ley, siempre que conozcan el idioma espahol.
b) El extranjero que contraiga matrimonio con cubana, y la
extranjera que lo contraiga con cubano, cuando tuvieren prole de esa uni6n o Ilevaren dos alios de residencia continua en el pais despu6s de la celebraci6n del matrimonio, y siempre que hicieren previa renuncia de su nacionalidad
de origen.
Articulo 14.-Las cartas de ciudadania y los certificados de nacionalidad cubana estar6n exentos de tributaci6n.
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Articulos 15.-Pierden la ciudadania cubana:
a) Los que adquieran una ciudadania extranjera.
b) Los que, sin permiso del Consejo de Ministros, entren al
servicio militar de otra naci6n, o al desempefio de funciones que Ileven aparejada autoridad o jurisdicci6n propia.
c) Los cubanos por naturalizaci6n que. residan tres afios consecutivos en el pais de su nacimiento, a no ser que expresen caaa tres afios, ante la autoridad consular correspondiente,
su voluntad de conservar la ciudadania cubana.
La Ley podr& determinar delitos y causas de indignidad
que produzcan la p6rdida de la ciudadania por naturalizaci6n, mediante sentencia firme de los tribunales competentes.
d) Los naturalizados que aqeptaren una doble ciudadania.
La p6rdida de la ciudadania por los motivos consignados en los incisos b) y c) de este Articulo, no se har& efectiva sino por sentencia firme dictada en juicio contradictorio ante tribunal de justicia, segin disponga la Ley.
Articulo 16.-Ni el matrimonio ni su disoluci6n afectan a la nacionalidad de los c6nyuges o de sus hijos.
La cubana casada con extranjero conservar6 la nacionalidad cubana.
La extranjera que se case con cubano y el extranjero que se case con cubana conservar6in su nacionalidad de origen, o adquirir6n la cubana, previa opci6n regulada por esta Ley Constitucional, la Ley o los tratados internacionales.
Articulo 17.-La' ciudadania cubana .podrd recobrarse en la forma que prescriba la Ley.
Articulo 18.-Ning~in cubano por naturalizaci6n �podr6 desempefiar, a nombre de Cuba, funciones oficiales en su pais de origen.
TITULO TERCERO
De la Extranjeria
Articulo 19.-Los extranjeros residentes en el territorio de la Rep iblica se equiparan a'los cubanos:
a) En cuanto a la protecci6n de su persona y bienes.
b) En cuanto al goce de -los derechos reconocidos en esta Ley
Consfitucional, con excepci6n de los que se otorgan exclusivamente a los nacionales.
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El Gobierno, sin embargo, tiene la potestad de obligar
a un extranjero a salir del territorio nacional en los casos
y forma sefialados en la Ley.
Cuando se trate de extranjeros con familia cubana
constituida en'Cuba, deber imediar fallo judicial para la expulsi6n, conforme a lo que prescriban las leyes de la
materia.
La Ley regular6 la organizaci6n de las asociaciones de
extranjeros, sin permitir discriminaci6n contra los derechos
de los cubanos que forrien parte de ellas.
c) En la obligaci6n de acatar el r6gimen econ6mico-social de
la Repu'blica.
d) En la obligaci6n de observar la Ley Constitucional y la
Ley.
e) En la obligaci6n de contribuir a los gastos p~iblicos en la
forma y cuantia que la Ley disponga.
f)" En ]a sumisi6n a la jurisdicci6n y resoluciones de los tribunales de Justicia y autoridades de la Repiiblica.
g) En cuanto al disfrute de los derechos civiles, bajo las condiciones y con las limitaciones que la Ley prescriba.
TITULO CUARTO
Derechos Fundarrtentales
Secci6n Primera,
De los Derechos Individuales
Articulo 20.-Todos los cubanos son iguales ante la Ley. La Repdiblica no reconoce fueros ni privilegios.
Se declara ilegal y punible toda discriminacidn por motivo de sexo, raza, color o clase, y cualquiera otra lesiva a la dignidad humana.
La Ley establecer6i las sanciones en que incurran los infractores de este precepto.
Articulo 21.-Las leyes penales tendrcn efecto retroactivo cuando sean favorables al delincuente. Se excluye de este beneficio, en los casos en que haya mediado dolo, a los funcionarios o empleados pfiblicos que delincan en el ejercicio de su cargo y a los responsables de delitos electorales y contra los derechos indivicluales que garantiza esta Ley Constitucional. A los que incurriesen en, estos delitos se les aplicardn las penas y calificaciones de la Ley vigente al momento de delinquir.
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'Articulo 22.-Las dem6s leyes no tendr6n efecto retroactivo, salvo que la propia Ley lo determine por razones de orden pfiblico, de utilidad social o de necesidad nacional, sefialadas expresamente en la Ley con el voto conforme de las dos terceras partes del n imero total de los miembros del Consejo de Ministros. Si fuere impugnado el fundamento de la retroactividad en via de inconstitucionalidad, correqponder6 al Tribunal de Garantias Constitucionales y Sociales decidir sobre el mismo, sin que pueda dejar de hacerlo por raz6n de forma u otro motivo cualquiera.
En todo caso, la propia Ley establecer& el grado, modo y forma en que se indemnizar6n los dafios, si los hubiere, que la retroactividad infiriese a los derechos adquiridos legitimamente al amparo de una legislaci6n anterior.
La Ley acordada al amparo de este artIculo no ser& v6lida si produce efectos contrarios a lo dispuesto en el Articulo veinticuatro de esta Ley Constitucional.

Articulo 23.-Las obligaciones de car6cter civil que nazcan de los contratos o de otros actos u omisiones que las produzcan no podrhn ser anuladas ni alteradas por el Poder Legislativo ni por el Ejecutivo, y por consiguiente, las leyes no podr6n tener efecto retroactivo respecto a dichas obligaciones. El ejercicio de las acciones que de 6stas se deriven podr6 ser suspendido, en caso de grave crisis nacional, por el tiempo que fuere razonablemente nenecesario, mediante los mismos requisitos y sujeto a la impugnabilidad a que se refiere el phrrafo primero del articulo anterior.

Articulo 24.-Se prohibe la confiscaci6n de bienes. Nadie podr6 ser privado de su propiedad sino por autoridad judicial competente y por causa justificada de utilidad p~iblica o inter6s social y siempre previo el pago de la correspondiente indemnizaci6n en efectivo, fijada judicialmente. La falta de cumplimiento de estos requisitos determinara el derecho del expropiado a ser amparado por los tribunales de justicia y, en su caso, reintegrado en su propiedad.
La certeza de la causa de utilidad piblica o interns social y la necesidad de la expropiaci6n, corresponder6 decidirlas a los tribunales de justicia en caso de impugnaci6n.
Articulo 25.-No podr6E imponerse la pena de muerte por delitos politicos; pero se autoriza al Consejo de Ministros para que, en funci6n legislativa y para casos de delitos de car~cter militar,
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de traici6n o espionaje en favor del enemigo en tiempo de guerra con naci6n extranjera, y otros de pistolerismo y terrorismo de manifiesta gravedad, pueda sefialar sanciones que alcancen hasta la pena de muerte.
Articulo 26.-La Ley Procesal penal establecerd las garantias necesarias para que todo delito resulte probado independientemente del testimonio del acusado, del c6nyuge y tambi6n de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Se considerar& inocente a todo acusado hasta que se 'dicte condena contra 61.
En todos los casos, las autoridades y sus agentes levantar6n acta de la detenci6n, que firmar6 el detenido a quien se le comunicar6 la autoridad que la orden6, el motivo que la produce y el Jugar adonde va a ser conducido, dej6ndose testimonio en el acta de todos estos particulares.
Son piblicos los registros de detenidos y presos.
Todo hecho contra la integridad personal, la seguridad o la honra de un detenido ser& imputable a sus aprehersores o guardianes, salvo que se demuestre lo contrario. El subordinado podr6 rehusar el cumplimiento de las 6rdenes que infrinjan esta garantia. El custodio que hiciere use de las armas contra un dete* nido o preso que intentare fugarse ser6 necesariamente inculpado y responsable, segl'n las leyes, del delito que hubiere cometido.
Los detenidos o presos politicos o sociales se recluirdn en departamentos separados del de los delincuentes comunes y no ser6n sometidos a trabajo alguno, ni a la reglamentaci6n del penal para los presos comunes.
Ningimn detenido o preso ser5 incomunicado.
Articulo 27.-Todo detenido ser6 puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial competente, dentro de las veirticuatro horas siguientes al acto de su detenci6n.
Toda detenci6n se dejar6 sin efecto. o se elevar6 a prisi6n ,por auto judicial fundado. dentro de las setenta y dos horas de haberse puesto el detenido a la disposici6n del Juez competente. Dentro del mismo plazo se notificar6i al interesado el auto que sa dictare.
La prisi6n preventiva se guardar6 en lugares distintos y completamente separados de los destinados a la extinci6n de las penas,
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sin que puedan ser sometidos los ,que asi guarden prisi6n a trabajo alguno, ni a la reglamentaci6n del penal para los que extingan condenas.
Articulo 28.-Nadie ser6 procesado ni condenado sino por Juez o Tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantias que 6stas establezcan. No se dictar6 sentencia contra el procesado rebelde ni ser6 nadie condenado en causa criminal sin ser oido. Tampoco se le obligar6 a declarar contra si mismo, ni contra su c6nyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
No se ejercer6 violencia ni coacci6n de ninguna clase sobre las personas para forzarlas a declarar. Toda declaraci6n obtenida con infracci6n de este precepto ser6 nula, y los responsables incurrir6n en las penas que fije la Ley.
Articulo 29.-Todo el que se encuentre detenido o preso fuera de los casos o sin las formalidades y garantias que prevean esta Ley Constitucional y las leyes, ser6 puesto en libertad, a petici6n suya o de cualquier otra persona, sin necesidad de poder ni de direcci6n letrada, mediante un sumarisimo procedimiento de habeas corpus ante los tribunales ordinarios de justicia.
El Tribunal no podr6 declinar su jurisdicci6n, ni admitir cuestiones de competencia en ningin caso ni por motivo alguno, ni apla,zar su resoluci6n, que ser6 preferente a cualquier otro asunto.
Es absolutamente obligatoria la presentaci6n ante el Tribunal que haya expedido el habeas corpus de toda persona detenida o presa, cualquiera que sea la autoridad o funcionario, persona o entidad que la retenga, sin que pueda alegarse obediencia debida.
Ser6n nulas, y asi lo declarar6 de oficio la autoridad judicial, cuantas disposiciones impidan o retarden la presentaci6n de la persona privada de libertad, asi como las que produzcan cualquier dilaci6n en" el procedimiento de habeas corpus.
Cuando el detenido o preso no fuere presentado ante el Tribunal que conozca del habeas corpus, 6ste decretar6 la detenci6n del infractor, el que ser& juzgado de acuerdo con lo que disponga la Ley.
Los Jueces o Magistrados que se negaren a admitir la solicitud de mcntenimiento de habeas corpus, o no cumplieren las dom6s disposiciones de este Articulo, ser6n separados de sus res-]5-






pectivos cargos por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.
Articulo 30.-Toda persona podr6 entrar y permanecer en el territorio nacional, salir de 61, trasladarse de un lugar a otro y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte u otro requisito semejante, salvo lo que se disponga en las leyes sobre inmigraci6n y las atribuciones de la autoridad en caso de responsabilidad criminal.
A nadie se obligar6 a mudar de domicilio o residencia, sino por mandato de autoridad judicial y en los casos y con los requisitos que la Ley sefiale.
Ningin cubano podr6 ser expatriado ni se le prohibir6 la entrada en el territorio de la Repi'blica.
Articulo 31.-La Rep~iblica de Cuba brinda y reconoce el derecho de asilo a los perseguidos politicos, siempre que los acogidos a 61 respeten la soberania y las leyes nacionales.
El Estado no autorizar6 la extradici6n de reos de delitos politicos ni intentar6 extraditar a los cubanos reos de esos delitos que se refugiaren en territorio extranjero.
Cuando procediere, conforme a esta Ley Constitucional y la Ley, la expulsi6n de un extranjero del territorio nacional, 6sta no se verificar si se tratare de asilado politico, hacia el territorio del Estado que pueda reclamarlo.
Articulo 32.-Es inviolable el secreto de la correspondencia y dem6rs documentos privados, y ni aqulla ni 6stos podr6n ser ocupados ni examinados sino a virtud de -auto fundado de Juez comPetente y por los funcionarios o agentes oficiales. En todo caso, se guardar& secreto respecto de los extremos ajenos al asunto que motivare la ocupaci6n o examen. En los mismos t6rminos se declara inviolable el secreto de la comunicaci6n telegr6fica, telef6nica y cablegr6fica.
Articulo 33.-Toda persona podr6, sin sujecci6n a censura previa, emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio grdfico u oral de expresi6n, utilizando para ello cualesquiera o todos los procedimientos de difusi6n disponibles.
S61o podr6 ser recogida la edici6n de libros, folletos, discos, peliculas, peri6dicos o publicaciones de cualquier indole cuando atenten contra la honra de las personas, el orden social o la paz pibli-16-






ca, previa resoluci6n fundada de autoridad judicial competente y sin perjuicio de las responsabilidades que se deduzcan del hecho delictuoso cometido.
En los casos a que se refiere este Articulo no se podr6 ocupar ni impedir el uso y disfrute de los locales, equipos o instrumentos que utilice el 6rgano de publicidad de que so trate, salvo por responsabilidad civil.
Articulo 34.-El domicilio es inviolable y, en su consecuencia, nadie podr6E entrar de noche en el ajeno sin el consentimiento de su morador, a no ser para socorrer a victimas de delito o desastre; ni de dia, sino en los casos y en la forma determinados por la Ley.
En caso de suspensi6n de esta garantia, ser& requisito indispensable para penetrar en el domicilio de una persona, que lo haga la propia autoridad competente, mediante orden o resoluci6n escrita de la que se dejar6 copia aut6ntica al morador, a su familia o al vecino m6s pr6ximo, segin proceda. Cuando la autoridad delegue en alguno de sus agentes se proceder6 del mismo modo.
Articulo 35.-Es libre la profesi6n de tbdas las religiones, asi como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitaci6n que el respeto a la moral cristiana y al orden piblico.
La Iglesia estar6 separada del Estado, el cual no podr& subvencionar ningin culto.
Articulo 36.-Toda persona tiene derecho a dirigir peticiones a las autoridades y a que le sean atendidas y resueltas en t6rmino no mayor de cuarenta y cinco dias, comunicndosele lo resuelto.
Transcurrido el plazo de la Ley, o en su defecto, el indicado anterioimente, el interesado podr6i recurrir, en la forma que la Ley autorice, como si su petici6n hubiese sido denegada.
Artfculo 37.-Los habitantes de la Rep~iblica tienen el derecho de reunirse pacificamente y sin armas, y el de desfilar y asociarse para todos los fines licitos de la vida, conforme a las normas legales correspondientes, sin m6s limitaci6n que la indispensable para asegurar el orden p iblico.
Es ilicita la formaci6n y existencia de organizaciones contrarias al r6gimen de gobierno democr6tico de la Rep~iblica, o que atenten contra la plenitud de la soberania nacional.
Articulo 38.-Se declara punible todo acto por el cual se prohiba o limite al ciudadano participar en la vida politica de la naci6n.
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Articulo 39.-Solamente los ciudadanos cubanos podr6n desempefiar funciones p~iblicas que tengan aparejada jurisdicci6n.
Articulo 40.-Las disposiciones legales, gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de los derechos que esta Ley Constitucional garantiza, ser6n nulas si los disminuyen, restringen o adulteran.
Es legitima la resistencia adecuada para la protecci6n de los derechos individuales garantizados anteriormente.
La acci6n para perseguir las infracciones de este Titulo es p6blica, sin cauci6n ni formalidad de ninguna especie y por simple denuncia.
La enumeraci6n de los derechos garantizados en este Titulo no excluye los dem6s que esta Ley Constitucional establezca, ni ctros de naturaleza an6loga o que se deriven del principio de la soberania del pueblo y de la forma republicana de gobierno.
Articulo 41.-Las garantias de los derechos reconocidos en los articulos 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37, y 71 podr6n suspenderse en todo, o en parte del territorio nacional por el tiempo que fuere necesario para la seguridad del Estado, o en caso de guerra o invasi6n en el territorio nacional, alteraci6n del orden p~iblico y otros que perturben hondamente la tranquilidad p~iblica; asi coma cuando sea necesario para combatir el terrorismo o pistolerisma, y podr6 decretarse por el Consejo de Ministros rigiendo la Ley de Seguridad y Orden Piblico, sin perjuicio de las medidas especiales que crea conveniente el Presidente de la Repiiblica, dcindole cuen�ta al Consejo de Ministros.
Articulo 42.-Los detenidos par los motivos que hayan determinado la suspensi6n, deber6n ser recluidos en lugares especiales, destinados a los procesados o sancionados par delitos politicos o sociales, siempre que no se hubieren producido atentados personales o contra la propiedad.
TITULO QUINTO
De Ia Familia y la Cultura
SECCION PRIMERA
Familia
Articulo 43.-La familia, la maternidad y el matrimonio tienen la protecci6n del Estado.
S61o es v61ido el matrimonio autorizado par funcionario con
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capacidad legal para realizarlo. El matrimonio judicial es gratuito y sera mantenido por la Ley.
El matrimonio es el fundamento legal de la familia y descansa en la igualdad absoluta de derechos para ambos c6nyuges; de acuerdo con este principio se organizard su regimen econ6mico.
La mujer casada disfruta de Ia plenitud de la capacidad civil, sin que necesite de licencia o autorizaci6n marital para regir sus bienes, ejercer libremente el comercio, ]a industria, profesi6n, oficio o arte, y disponer del producto de su trabajo.
El matrimonio puede disolverse por acuerdo de los c6nyuges o a petici6n de cualquiera de los dos por las causas y en la forma establecidas en la Ley.
Los tribunales determinardn los casos en que por raz6n de equidad, la uni6n entre personas con capacidad legal para contraer matrimonio sera equiparada, por su estabilidad 'y singularidad, al matrimonio civil.
Las pensiones por alimentos a favor de Ia mujer y de los hijos gozardn de preferencia respecto a cualquier obligaci6n y no podr6 oponerse a esa preferencia la condici6n de irembargable de ning in bien, sueldo, pensi6n o ingreso econ6mico, de cualquier clase que sea.
Salvo que la mujer tuviere medios justificados de subsistencia, o fuere declarada culpable, se fijar& en su beneficio una pensi6n proporcionada a la posici6n econ6mica del marido y teniendo en cuenta, a la vez, las necesidades de la vida social. Esta pensi6n serapagada y garantizada por el marido divorciado y subsistird hasta que su ex-c6nyuge contrajere nuevo matrimonio, sin perjuicio de la pensi6n que se fijar& a cada hijo, la cual deber& ser tambi6n garantizada.
La Ley impondr6 adecuadas sanciones a los que, en caso de divorcio, de separaci6n o cualquiera otra circunstancia traten de burlar o eludir esa responsabilidad.
Articulo 44.-Los padres est6n obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos, y 6stos a respetar y asistir a sus padres. La Ley asegurar& el cumplimiento de estos deberes con garantias y sanciones adecuadas.
Los hijos nacidos fuera del matrimonio de persona que al tiempo de Ia concepci6n estuviere en aptitud de contraerlo, tienen los
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mismos derechos y deberes que se sefialan en el p6rrafo anterior, salvo lo que la Ley prescribe en cuanto a la herencia. A este efecto tendrdn iguales derechos los habidos fuera del matrimonio por persona casada cuando 6sta los reconociere o cuando recayere sentencia declarando la filiaci6n. La Ley regular6 la investigaci6n do la paternidad.
Queda abolida toda calificaci6n sobre la naturaleza de la filiaci6n. No se consignar& declaraci6n alguna diferenciando los nacimientos, ni sobre el estado civil de los padres, en las actas de inscripci6n de aqudllos, ni en ning~in atestado, partida de bautismo o certificaci6n referente a la filiaci6n.
Articulo 45.-El r6gimen fiscal, los seguros y la asistencia social se aplicar6n de acuerdo con las normas de protecci6n a la familia, establecidas en esta Ley Constitucional.
La nifiez y la juventud estardn protegidas contra la explotaci6n y el abandono moral y material. El Estado, la Provincia y el Municipio organizar6n instituciones adecuadas al efecto.
Articulo.46.-Dentro de las restricciones sefialadas en esta Ley Constitucional, el cubano tendr6 libertad de testar sobre la mitad de la herencia. I
SECCION SEGUNDA
Cultura
Articulo 47.-La cultura en todas sus manifestaciones, constituye un inter6s primordial del Estado. Son libres la investigaci6n cientifica, la expresi6n artistica y la publicaci6n de sus resultados, asi como la ensefianza, sin perjuicio, en cuanto a 6sta, de la inspecci6n y reglamentaci6n que al Estado corresponda y que la Ley establezca.
A.rticulo 48.-La instrucci6n primariades obligatoria para el menor en edad escolar, y su dispensaci6n lo ser6 para el Estado, sin perjuicio de la cooperaci6n encomendada a la iniciativa municipal.
Tanto esta ensefianza como la pre-primaria y las vocacionales ser6n gratuitas cuando las impartan el Estado, la 'Provincia o el Municipio. Asimismo lo ser6 el material docente necesario.
Ser6 gratuita la segunda ensefianza elemental y toda ensefianza superior que impartan el Estado o los Municipios con exclusi6n de los estudios pre-universitarios especializados y los universitarios.
En los Institutos creados o que se crearen en lo sucesivo, con
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categorfa de pre-universitarios, la Ley podr6 mantener o establecer el pago de una matricula m6dica de cooperaci6n, que se destinar6i a las atenciones de cada establecimiento.
En cuanto le sea posible, la Rep~iblica ofrecer6 becas para el disfrute de las ensefianzas oficiales no gratuitas a los j6venes que, habiendo acreditado vocaci6n y aptitud sobresalientes, se vieren impedidos, por insuficiencia de recursos, de hacer tales estudios por su cuenta.
Articulo 49.-El Estado mantendr6 un sistema de escuelas para adultos, dedicadas particularmente a la eliminaci6n y prevenci6n del analfabetismo; escuelas rurales predominantemente practicas, organizadas con vista de los intereses de las pequefias comunidades agricolas, maritimas o de cualquier clase, y escuelas de artes y oficios y de t6cnica agricola, industrial y comercial, orientadas de modo que respondan a las necesidades de la economia nacional. Todas estas ensefianzas ser6n gratuitas, y a su sostenimiento colaborar6n las Provincias y los Municipios en la medida de sus posibilidades.
Articulo 50.-El Estado sostendr& las escuelas normales indispensables para la preparaci6n t6cnica de los maestros encargados de la ensefianza primaria en las escuelas p~iblicas. Ningn otro centro podr6 expedir titulos de maestros primarios, con excepci6n de las Escuelas de Pedagogia'de las Universidades.
Lo anteriormente dis~uesto no excluye el derecho de las escuelas creadas por la Ley para la expedici6n de titulos docentes en relaci6n con las materias especiales objeto de sus ensefianzas.
Estos titulos docentes de capacidad especial dar6n derecho a ocupar con toda preferencia las plazas vacantes o que se creen en las respectivas escuelas y especialidades.
Para la ensefianza de la economia dom6stica, corte y costura e industria para la mujer, deber6 de poseerse el titulo de maestra de economia, artes, ciencias dom6sticas e industrias, expedido por la Escuela del Hogar.
Articulo 51.-La ensefianza p6blica se constituir6 en forma org6nica, de modo que exista una adecuada articulaci6n y continuidad entre todos sus grados, incluyendo el superior. El sistema oficial proveer6 al estimulo y desarrollo vocacionale8, atendiendo a la multiplicidad de las profesiones y-teni.ndo en cuenta las necesidades culturales y pr6cticas de la naci6n.
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Toda ensefianza, pfiblica o privada, estar6 inspirada en un espfiitu de cubanidad y de solidaridad humana, tendiendo a formar en la conciencia de los educandos el amor a la patria, a sus insti-" tuciones democr6ticas y a todos los que por una y otra lucharon.
Articulo 52.-Toda ensefianza pAblica ser6 dotada en los presupuestos del Estado, la Provincia o el Municipio, y se hallar6 bajo !a direcci6n tdcnica y administrativa del Ministerio de Educaci6n, salvo aquellas ensefianzas que por su indole especial dependan de otros Ministerios.
El Presupuesto del Ministerio de Educaci6n no ser6 inferior al ordinario de ningiin otro Ministerio, salvo caso de emergencia declarada por la Ley.
El sueldo mensual del maestro de instrucci6n primaria no deber6 ser, en ningAn caso, inferior a la millon6sima parte del presupuesto total de la naci6n.
El personal docente oficial tiene los derechos y deberes do los funcionarios palicos.
La designaci6n, ascensos, traslados y separaci6n de los maestros y profesores piiblicos, inspectores, t6cnicos y dem6s funcionarios escolares se regular de modo que en ello no influyan consideraciones ajenas a las estrictamente tdcnicas, sin perjuicio de la vigilancia sobre las condiciones morales que deban concurrir en tales funcionarios.
Todos los cargos de direcci6n y supervisi6n de la ensefianza primaria oficial ser6in desempefiados por tdcnicos graduados de la Facultad universitaria correspondiente.
Articulo 53.--La Universidad de La Habana, es aut6noma y estar& gobernada de acuerdo con sus Estatutos y con la Ley a que los mismos deban atemperarse.
El Estado contribuiri a crear el patrimonio universitario y al sostenimiento de dicha Universidad, consignando a este filtimo fin, en sus presupuestos nacionales, la cantidad que fije la Ley.
Articulo 54.-Podrn crearse Universidades oficiales o privadas y cualesquiera otras instituciones y centros de altos estudios. La Ley determinar6c las condiciones que hayan de regularlos.
Articulo 55.-La ensefianza oficial ser& laica. Los centros de ensefianza privada estarcin sujetos a la reglamentaci6n e inspecci6n del Estado; pero en todo caso conservarin el derecho de im- 22-








partir, separadamente la instrucci6n, t6cnica, la educaci6n religiosa que deseen.
Articulo 56.-En todos los centros docentes, piblicos o privados, la ensefianza de la Literatura, la Historia y la Geografia cubanas, y de la Civica y de la Ley Constitucional, deber6 ser inpcntida por maestros cubanos por nacimiento y mediante textos de autores que tengan esa misma condici6n.
Articulo 57.-Para ejecer la docencia se requiere acreditar la capacidad en la forma que la Ley disponga.
La Ley determinar6i que profesiones, artes u oficios no docentes requieren titulos para su ejercicio, y la forma en que deben obtenerse. El Estado asegurar6i la preferencia en la provisi6n de los servicios p~iblicos a los ciudadanos preparados oficialmente para la respectiva especialidad.
Articulo 58.--El Estado regular6i por medio de la Ley la conservaci6n del tesoro cultural de la naci6n, su riqueza artistica e hist6rica, asi como tambi6n proteger6 especialmente los monumentos nacionales y lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artistico o hist6rico.
Articulo 59.-Se crear6c un Consejo Nacional de Educaci6n y Cultura que, presidido por el Ministro de Educaci6n, estar6i encargado de fonentar, orientar t6cnicamente o inspeccionar las actividades educativas, cientificas y artisticas de la naci6n.
Su opini6n ser& oida por el Consejo de Ministros en todo proyecto de ley que se relacione con materias de su competencia.
Los cargos del Consejo Nacional de Educaci6n y Cultura sercn honorificos y gratuitos.
TITULO SEXTO
Del Trabajo y de la Propiedad SECCION PRIMERA
TRABAJO

Articulo 60.-El trabajo es un derecho inalienable del individuo. El Estado emplear6 los recursos que est6n a su alcance para proporcionar ocupaci6n a todo el que carezca de ella y asegurar6c a todo trabajador, manual o intelectual, las condiciones econ6micas necesarias a una existencia digna.
Articulo 61.-Todo trabajador manual o intelectual de empre-23-






sas pi'blicas o privadas, del Estado, la Provincia o el Municipio, tendr& garantizado un salario o sueldo minimo, que se determinar6 atendiendo a las condiciones de cada regi6n y a las necesidades normales del trabajador en el orden material, moral y cultural y consider6ndolo como Jefe de familia.
La Ley establecer6 la manera de regular peri6dicamente los salarios o sueldos minimos por medio de comisiones paritarias para cada rama del trabajo, de acuerdo con el nivel de vida, y con las peculiaridades de cada regi6n y de cada actividad industrial, comercial o agricola.
En los trabajos a destajo, por ajuste o precio alzado, sere obligatorio que quede racionalmente asegurado el salario minimo por jornada de trabajo.
El minimo de todo salario o sueldo es inembargable, salvo las resposabilidades por pensiones alimenticias en la forma que establezca la Ley. Son tambi6n inembargables los instrumentos de labor de los trabajadores.
Articulo 62.-A trabajo igual en idnticas condiciones, corresponder6 siempre igual salario, cualesquiera sean las personas que Io realicen.
Articulo 63.-No se podr6 hacer en el sueldo o salario de los trabajadores manuales e intelectuales ningfin descuento que no est6 autorizado por la Ley.
Los cr6ditos a favor de los trabajadores por haberes y jornales devengados en el iltimo afio, tendr6n prefeiencia sobre cualesquiera otros.
Articulo 64.-Queda totalmente prohibido el pago en vales, fichas, mercancias o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda de curso legal. Su contravenci6n ser6 sancionada por la Ley.
Los jornaleros percibiran sus salarios en plazo no mayor de una semana.
Articulo 65.-Se establecen los suguros sociales como derecho irrenunciable e imprescriptible de los trabajadores, con el concurso equitativo del Estado, los patronos y los propios trabajadores, a fin de proteger a 6stos de manera eficaz contra la invalidez, la vejez, el desempleo y demhs bontingencias del trabajo, en la forma que la Ley determine. Se establece asimismo el derecho de
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jubilaci6n por antigiiedad y el de ,pensi6n por causa de muerte.
La administraci6n y el gobierno de las instituciones a que se refiere el p6rrafo primero de este articulo estardn a cargo de organismos paritarias, elegidos por patronos y obreros con la inter. venci6n de un representante del Estado, en la forma que determine la Ley, salvo el caso de que se creara por el Estado el Banco de Seguros. Sociales.
Se declara igualmente obligatorio el seguro por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, a expensas exclusivamente de los patronos y bajo la fiscalizaci6n del Estado.
Los fondos o reservas de los seguros sociales no podr6n ser objeto de transferencia, ni se podr6 disponer de los mismos para fines distintos de los que determinaron su creaci6n.
Articulo 66.-La jornada m6xima de trabajo no podr6 exceder de ocho horas al dia. Este maximo podr& ser reducido hasta seis horas diarias para los mayores do catorce afios y menores de diez y ocho.
La labor m6xima semanal sei6 de cuarenta y cuatro horas, equivalentes a cuarenta y ocho en el salario, exceptu6ndose las industrias que, por su naturaleza, tienen que realizar su producci6n ininterrumpidamente dentro de ci6rta 6poca del afio, hasta que la Ley determine sobre el r6gimen definitivo de esta excepci6n.
Queda prohibido el trabajo y el aprendizaje a los menores de catorce afios.
Articulo 67.-Se establece para todos los trabajadores manuales e intelectuales el derecho al descanso retribuido ae un mes por cada once de trabajo dentro de cada afio natural. Aquellos que, por la indole de su trabajo u otra circunstancia, no hayan laborado los once meses, tienen derecho al descanso retribuido de duraci6n proporcional al tiempo trabajado.
Cuando por ser fiesta o duelo nacioual los obreros vaquen en su trabajo, los patronos deber6n abonarles los salarios correspondientes.
S61o habr6 cuatro dias de fiestas 'y duelos nacionales en que sea obligatorio el cierre de lo- establecimientos industriales o comerciales o de los espect6culos piblicos, en su caso. Los dem6s ser6n de fiesta o duelo oficial y se celebrar6n sin que se suspendan las actividades econ6micas de la naci6n.
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Articulo 68.-No podr6 establecerse diferencia entre casadas y solteras a los efectos del trabajo.
La Ley regular6 la protecci6n a la maternidad obrera, extendi6ndola a las empleadas.
La mujer gr6vida no podr6 ser separada de su empleo, ni se le exigir6 efectuar, dentro de los tres meses anteriores al alumbramiento, trabajos que requieran esfuerzos fisicos considerabies.
Durante las seis semanas que precedan inmediatamente al parto y las seis que le sigan, gozai6 de descanso forzoso retribufdo igual que su trabajo, conservarido el empleo y todos los derechos anexos al mismo y correspondientes a su contrato de trabajo. En el periodo de lactancia se le conceder6n dos descansos extraordinarios al dia de media hora cada uno, para alimentar a su hijo.

Articulo 69.-Se reconoce el derecho de sindicac6n a los patronos, empleados privados y oLberos, para los fines exclusivos de su actividad econ6mico-social.
La autoridad competente tendr6 un t6rmino de treinta dias para adnitir o rechazar la inscripci6n de un sindicato obrero o patronal. La inscripci6n determinar6 la personalidad juridica del sindicato obrero o patronal. La Ley regular6 lo concerniente al reconocimiento del sindicato por los patronos y por los obreros respectivamente.
No podr6n disolverse definitivamente los sindicatos sin que recaiga sentencia firme de los tribunales de justicia.
Las directivas de estas asociaciones estar6n integradas exclusivamente por cubanos por nacimiento.
Articulo 70.-Se establece la colegiaci6n oficial obligatoria para el ejercicio de las profesiones universitarias. La Ley determi" nar& la forma de constituci6n y funcionamiento en tales entidades de un organismo superior de carccter nacional, y de los organismos locales que fueren necesarios, de modo que est~n regidas con plena autoridad por la mayoria de sus colegiados.

Le Ley regular& tambi6n la colegiaci6n obligatoria de las dem6s profqsiones reconocidas oficialmente per el Estado.

Articulo 71.-Se reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los patronos al paro, conforme a la regulaci6n que la Ley establezca para el ejercicio de ambos derechos.
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Articulo 72.-La Ley regular el sistema de contratos colectvos de trabajo, los cuales ser6n de obligatorio cumpiimiento para patronos y obreros.
Sercn nulas y no obligarn a los contratantes, dunque se expreseu en un convenio de trabajo u otro pacto cualquiera, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminuci6n, adulteraci6n o dejaci6n de algin derecho reconocido a favor del obrero en esta Ley Constitucional o en la Ley.
Articulo 73.-El cubano por nacimiento tendrhc en el trabajo una participaci6n preponderante, tanto en el imorte total de los sueldos y salarios, como en las distintas categorias de trabajo, en la forma que determine la Ley.
Tambi6n se extender6 protecci6n al cubano naturalizado con familia nacida en el territoric nacional, con preferencia sobre el naturalizado que no se halle ei esas condiciones y sobre los extranjeros.
En el desempefio de los puestos t6cnicos indispensables, se exceptuar6 de lo preceptuado en los pcrrafos anteriores al extranjero, previas las formalidades de la Ley y siempre con la condici6n de facilitar a los nativos el aprendizaje del trabajo t6cnico de que se trate.
Articulo 74.-El Ministerio del Trabajo cuidar6, como parte esencial, entre otras, de su politica social permanente, de que en la distribuci6n de oportunidades de trabajo en la industria y en el comercio, no prevalezcan pr6cticas discriminatorias de ninguna clase. En las remociones de personal y en la creaci6n de nuevas plazas, asi como en las nuevas f6bricas, industrias o comerci s que se establecieren, ser& obligatorio distribuir las oportunidades de trabajo, sin distingos de raza o color, siempre que se satisfaga los requisitos de idoneidad. La Ley estableceri que toda otra prcictica ser& punible y perseguible de oficio o a instancia de parte afectada.
Articulo 75.-La formaci6n de empresas cooperativas, ya sean comerciales, agricolas, industriales, de consumo o de cualquier otra indole, ser6( auspiciada por la Ley; pero 6sta regular6c la definici6n, constituci6n y funcionamiento de tales empresas de modo que no sirvan para eludir o adulterar las disposiciones que para el r6gimen del trabajo establece esta Ley Constitucional.
Articulo 76.-La Ley regulari la inmigraci6n atendiendo al r6-27-







gimen econ6mico nacional y a las necesidades sociales. Queda prohibida la importaci6n de braceros contratados, asi como toda inmigraci6n que tienda a envilecer las condiciones del trabajo.
Articulo 77.-Ninguna empresa podr6 despedir a un trabaja. dor sin previo expediente y con las dem6s fromalidades que establezca la Ley, la cual determinar6E las causas justas de despido.

Articulo 78.-El patrono ser6 responsable del cumplimiento de las leyes sociales, afin cuando contrate el trabajo por intermediario.
En todas las industrias y closes de trabajo en que se requieran conocimientos t6cnicos, ser6 obligatorio el aprendizaje en la forma que establezca la Ley.
Articulo 79.-El Estado fomentar6 la creaci6n de viviendas baratas para obreros.
La Ley determinar6 las empresas que, por emplear obreros fuera de los centros de poblaci6n, estar6n obligadas a proporcionar a los trabajadores habitaciones adecuadas, escuelas, enfermerias y daem6s servicios y atenciones propicias al bienestar fisico y moral del trabajador y su familia.
Asimismo la Ley reglamentar6 las condiciones que deben reunir los talleres, f6bricas y locales de trabajo de todas closes.
Articulo 80.-Se establecer6 la asistencia social bajo la direcci6n del Ministerio de Salubridad y Asistencia Social, organiz6ndolo por medio de la legislaci6n pertinente, y proveyendo a las reservas necesarias con los fondos que la misma determine.
Se establecen las carreras hospitalaria, sanitaria, forense y las dem6s que fueren necesarias para organizar en forma adecuada los servicips oficiales correspondientes.
Las instituciones de beneficencia del Estado, la Provincia y el Municipio prestar6n sus servicios con car6cter gratuito s6lo a los pobres.
Articulo 81.--Se reconoce el mutualismo como principio y pr6ctica sociales. La Ley regular su funcionamiento de manera que disfruten de sus beneficios las personas de recursos modestos, y sirva, a la vez, de justa y adecuada protecci6n al profesional.
Articulo 82.-Solamente podr6n ejercer las profesiones que requieren titulo oficial, salvo lo dispuesto en el Articulo cincuenta y siete de esta Ley Constitucional, los cubanos por nacimiento y los naturalizados que hubieren obtenido esta condici6n con cinco afios
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o m6s de anterioridad a la fecha en que solicitaren la autorizaci6n para ejercer. El Corisejo de Ministros podr6r, sin embargo, acordar la suspensi6n temporal de este precepto cuando, por razones de utilidad piblica, resultase necesaria o conveniente la cooperaci6n de profesionales o t6cnicos extranjeros en el desarrollo de iniciativas p~iblicas o privadas de inter6s nacional. La Ley que asi lo acordare, fijari el alcance y t6rmino de la autorizaci6n.
En el cumplimiento de este precepto, asi como en los casos en que por algiina ley o reglamento se regule el ejercicio de cualquiera nueva profesi6n, arte u oficio, se respetar6n los derechos al trabajo adquiridos por las personas que hasta ese momento hubieran ejercido la profesi6n, arte u oficio de que se trate, y se observar6n los principios de reciprocidad internacional.
Articulo 83.-La Ley regular& la forma en que podr6 realizarse el traslado de f6bricas y talleres a los efectos de evitar que se envilezcan las condiciones del trabajo.

Articulo 84.-Los problemas que se deriven de las relaciones entre el capital y el trabajo se someter6n a comisiones de conciliaci6n, integradas por representaciones paritarias de patronos y obreros. La Ley sefialar& el funcionario judicial que presidir6 dichas comisiones y el tribunal nacional ante el cual sus resoluciones ser6n recurribles.
Articulos 85.-A fin de asegurar el cumplimiento de la legislaci6n social, el Estado proveer6 a la vigilancia e inspecci6n do las empresas.
Articulo 86.-Le enumeraci6n de los derechos y beneficios a que esta Secci6n se refiere, no excluye otros que se deriven del principio de la Justicia Social, y ser6n aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de la producci6n.

SECCION SEGUNDA
Propiedad

Articulo 87.-El Estado cubano reconoce la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su m6s amplio concepto de funci6n social y sin m6s limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad pidblica o inter6s social establezca la Ley.
Articulo 88.-El subsuelo pertenece al Estado, que podr6 hacer concesiones para su explotaci6n, conforme a lo que estiablezca la Ley. La propiedad minera concedida y no explotada dentro del
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t6rmino que fije la Ley ser6c declarada nula y reintegrada al Estado.
La tierra, los bosques y las concesiones para explotaci6n del subsuelo, utijizaciOn ae aguas, meuios ae transporte y toaa otra empresa ae servicio pumilco, nabrun ae ser exp.otaaos de munera que p.Eopendan ai bienestar social.
Articulo 89.-El Estado tendra el derecho de tanteo en toda adjuaicaci6n o venta forzosa 'de propiedades inmuebles y ae valores representantivos cie propiedades inmobiliarias.
Articulo 90.-Se proscribe el latifundio y a los efectos de su desaparici6n la Ley sefialar& el mdximo de extensi6n de la propieclad que cacla persona o entidad pueda poseer para cada tipo de explotaci6n a que la tierra se dedique y tomando en cuenta las respectivas peculiaridades.
La Ley limitar& restrictivamente la adquisici6n y posesi6n de la tierra por personas y compafiias extranjeras y adoptar6[ medidas que tiendan a revertir la tierra al cubano.
Articulo 91.-El padre de familia que habite, cultive y explote directamente una finca r~istica de su propiedad, siempre que el valor de 6sta no exceda de dos mil pesos, podr6 declararla con cardcter irrevocable como propiedad familiar, en cuanto fuere imprescindiblp para su vivienda y subsistencia, y quedardi exenta de impuestos y ser& inembargable e inalienable salvo por responsabilidades anteriores a esta Ley Constitucional. Las mejoras que excedan de la suma anteriormente mencionada abonardn los impuestos correspondientes en la forma que establezca la Ley. A los efectos de que pueda explotarse dicha propiedad su duefio podr6 gravar o dar en garantia siembras, plantaciones, frutos y productos de la misma.
Articulo 92.-Todo autor o inventor disfrutar6[ de la propiedad exclusiva de su obra o invenci6n, con las limitaciones ,que sefiale la Ley en cuanto a tiempo y forma.
Las concesiones de marcas industriales y comerciales y demhs reconocimiento de cr~dito mercantil con indicaciones de procedencia cubana, ser6n nulos si se usaren, en cualquier forma, para amparar o cubrir articulos manufacturados fuera del territorio nacional.
Articulo 93.-No se podr6n imponer grav6menes perpetuos sobre la propiedad del car6cter de los censos y otros de naturaleza
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an6loga y en tal virtud queda prohibido su establecimiento.
Quedan exceptuados de lo prescrito en el pdrrafo anterior, los censos o grav6menes establecidos o que se establezcan a beneficio ael hstacto, la Provincia o el Municipio, o a favor de instituciones piibiicas de toda clase o de instituciones privadas de beneficencia.
Articulo 94.-Es obligaci6n del Estado hacer cada diez afios por lo mends un Censo de Poblaci6n, que refleje todas las actividades econ6micas y sociales del pais, asi como publicar regularmente un Anuario Estadistico.
Articulo 95.-Se declaran imprescriptibles los bienes de las instituciones de beneficencia.
Articulo 96.-Se declaran de utilidad p~iblica y por lo tanto en condiciones de ser expropiadas por el Estado, la Provincia o el Municipio, aquellas porciones de terreno que donadas por personas de la antigua nobleza espafiola para la fundaci6n de una villa o poblaci6n, y empleadas efectivamente para este fin adquiriendo el carhcter de Ayuntamiento, fueron posteriormente ocupadas o inscriptas por los herederos o causahabientes del donante.
Los vecinos de dicha villa o ciudad que posean edificios u ocupen solares en la parte urbanizada podr6n obtener de la entidad expropiadora que se les trasmita el dominio y poseti6n de los solares o parcelas que ocupen, mediante el pago del precio proporcional que corresponda.
TITULO SEPTIMO
Del sufraglo y de los oficios piblicos
SECCION PRIMERA
�Sufragio

Articulo 97.-Se establece para todos los ciudadanos cubanos, como derecho, deber y funci6n, el sufragio universal, igualitario y secreto.
Esta funci6n seri obligatoria; y todo el que, salvo impedimento admitido por la Ley, dejare de votar en una elecci6n o referendo, ser6 objeto de las sanciones que la Ley le imponga y carecer6i do capacidad para ocupar magistratura o cargo p6blico alguno durante dos afios, a partir de la fecha de la infracci6n.
Articu!o 98.-Por medio del referendo el pueblo expresa su opini6n sobre las cuestiones que se le someta.
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En toda elecci6n o referendo decidir& la mayoria de los votos v6lidamente emitidos, salvo las excepciones establecidas en esta Ley Constitucional. El resultado se har6 p iblico de modo oficial tan pronto como lo conozca el organismo competente.
En los casos de representaci6n proporcional, se contar6 el sufragio emitido a favor del candidato para determinar el factor de partido.
Articulo 99.-Son electores todos los cubanos, de uno u otro sexo, mayores de veinte afios, con excepci6n de los siguientes:
a) Los asilados.
b) Los incapacitados mentalmente, previa declaraci6n judicial
de su incapacidad.
c) Los inhabilitados judicialmente por causa de delito.
d) Los individuos pertenecientes a las Fuerqas Armadas o de
Policia, que estdn en servicio activo.

'Articulo 100.--El C6digo Electoral establecer6 el carnet de idenfidad, con la fotografia del elector, su firma y huellas digitales, y los dem6s requisitos necesarios para la mejor identificaci6n.

Articulo 101.-Es punible toda forma de coacci6n para obligar a un ciudadano a afiliarse, votar o manifestar su voluntad en cualquier operaci6n electoral.

Se castigar6 esta infracci6n, y se aplicar6 el duplo de la pena, adem6s de imponerse la de inhabilitaci6n permanente para el desempefio de cargos piiblicos, cuando la coacci6n la ejecute, por si o por persona intermedia, una autoridad o su agente, funcionario o empleado.
Articulo 102.-Es libre la organizaci6n de partidos o asociaciones politicas, en la forma que establezca la Ley. No podr6n sin embargo, formarse agrupaciones politicas de raza, sexo o clase.
La Ley establecer6 reglas y procedimientos que garanticen la intervenci6n de las minorfas en la formaci6n del censo de electores, en la organizaci6n y reorganizaci6n de las asociaciones y partidos politicos y en las dem6s operaciones electorales; y les asegurar6 representaci6n en los organismos electivos del Estado, la Provincia y el Municipio.
Articulo 103.-Son nulas todas aquellas disposiciones modificativas de la legislaci6n electoral que sean dictadas despu6s de haberse convocado a una elecci6n o referendo, o antes de que
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tomen posesi6n los que resulten electos o se conozca el resultado definitivo del referendo.
Se exeptian de esta prohibici6n aquellas modificaciones que fueren pedidas expresamente por el Tribunal Superior Electoral y se acordaren por las dos terceras partes del Consejo de Ministros.
Desde la convocatoria a elecciones hasta la toma de posesi6n de los electos, el Tribunal Superior Electoral tendr6 jurisdicci6n sobre las Fuerzas Armadas y sobre los cuerpos de policia, al solo objeto de garantizar la pureza de la funci6n electoral.
SECCION SEGUNDA
OFICIOS PUBLICOS
Articulo 104.-Son funcionarios, empleados y obreros piiblicos los que, previa demostraci6n de capacidad y cumplimiento de los dem6s requisitos y formalidades establecidas por la Ley, sean designados'por autoridad competente para el desempefio de funciones o servicios pi'blicos y perciban o no, sueldo o jornal con cargo a los presupuestos del Estado, la Provincia o el Municipio, o de entidades aut6nomas.
Articulo 105.-Los funcionarios, empleados y obreros pidhlicos civiles de todos los poderes del Estado, los de la Provincia, del Municipio y de las entidades o carporaciones aut6nomas, son servidares exclusivamente de los intereses generales de la Repiiblica y su inamovilidad se garantiza por esta Ley Constitucional, con excepci6n de los que desempefien cargos politicos y de confianza.
Articulo 106.-Son cargos politicos y de confianza:
a) Los Ministros y Subsecretarios de Despacho; los Embajadores, Enviados Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios y los Directores Generales, 6stos en los casos en que la
Ley no los declare t6cnicos.
b) Todo el personal adscripto a la oficina particular inmediata de los Ministros y Subsecretarios de Despacho.
c) Los Secretarios Particulares de los funcionarios.
d) Los Secretarios de las Administraciones Provinciales y Municipales, los Jefes de Departamentos de estos organismos, y el personal adscripto a la oficina particular inmediata de
los Gobernadores y Alcaldes.
e) Los funcionarios, empleados y obreros p iblicos civiles nombrados con car6cter temporal con cargo a consignaciones
ocasionales, cuya duraci6n no alcance al afio fiscal.
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Articulo 107.-El ingreso y el ascenso en los cargos pAblicos no exceptuados en el Articulo anterior, s6lo podr6n obtenerse despu6s que los aspirantes hayan cumplido los requisitos y sufrido, en concurso de m6ritos, las pruebas de idoneidad y de capacidad, que la Ley establecer6, salvo en aquellos casos que, por la naturaleza de las funciones de que se trate, sean declarados exentos por la Ley.
Articulo 108.-No se podr6n imponer sanciones administrativas a los funcionarios, empleados y obreros piblicos sin previa formaci6n de expediente instruido con audiencia del interesado y con los recursos que establezca la Ley. El procedimiento deberd ser siempre sumario.
Articulo 109.-El funcionario, empleado u obrero pAblico que sustituya al que haya sido removido de su cargo, se considerar6 sustituto provisional mientras no sea resuelta definitivamente la situaci6n del sustituidoy s6lo podr6i invocar, en su caso, los derechos que le correspondan en el cargo de que proceda.
Articulo 110.-Las excedencias forzosas s6lo podr6n decretarse por refundici6n o supresi6n de plazas respetando la antigiiedad de quienes las desempefien. Los excedentes tendr6 derecho preferente a ocupar, por orden de antigiiedad, cargos de iguales o an6logas funciones que se establecieren o vacaren en la misma categoria o en la inmediata inferior.
Articulo lll.-Nadie podr6 desempefiar simultcneamente m6s de un cargo retribuido, directa o indirectamente, del Estado, la Provincia, el Municipio o las entidades o corporaciones aut6nomas, con excepci6n de los casos que sefiala esta Ley Constitucional.
Las pensiones o jubilaciones del Estado, la Provincia y el Municipio son supletorias de las necesidades de sus beneficiarios. Los que tengan bienes de fortuna propios s6lo podr6n percibir la parte de la pensi6n o jubilaci6n que sea necesaria para que, sumada a los ingresos propios, no exceda del m6ximum de pensi6n que la Ley fijar&. Igual criterio se aplicar6 para la percepci6n de m6s de una pensi6n.
Nadie podr6 percibir efectivamente, por concepto alguno, pensi6n, jubilaci6n o retiro de m6s de dos mil cuatrocientos pesos al aio, y la escala porque se abonen ser6 unificada y extensiva a todos los pensionados o jubilados.
Las personas que hoy disfrutan pensiones, retiros o jubilacio-34-






nes mayores de dos mil cuatrocientos pesos anuales, no recibir6n efectivamente mayor cantidad anual.
Los seguros profesionales no est6n comprendidos en las anteriores disposiciones.
Como homenaje de la Repfiblica a sus libertadores, quedan exceptuados de 10 dispuesto en los p6rrafos anteriores los miembros del Ej6rcito Libertador de Cuba, sus viudas e hijos con derecho a pension.

Articulo 112.-La acumulaci6n y manejo de los fondos de los retiros sociales podr6n ser independientes, en la forma que determine la Ley.

Articulo 1l3.-Ser6 obligaci6n del Estado el pago mensual de las jubilaciones y pensiones por servicios prestados al Estado, la Provincia y el Municipio, en la proporci6n que permita la situaci6n del Tesoro Piblico y que en ningin caso ser6 menor del cincuenta por ciento de la cuantia b6sica legal.
Las cantidades para jubilaciones y pensiones se consignar6n cada afio en el presupuesto general de la Naci6n.

Ninguna pensi6n o jubilaci6n ser6 menor de la cantidad que como jornal minimo se halle vigente, a virtud de lo establecido en el articulo sesenta y uno de esta Ley Constitucional.

Las jubilaciones y pensiones de los funcionarios y empleados del Estado, la Provincia y el Municipio, comprendidas en la Ley General de Pensiones que rija, se pagar6n en la misma oportunidad que sus haberes a los funcionarios y empleados en activo servicio, quedando el Estado, la Provincia y el Municipio obligados en su caso, a arbitrar los recursos necesarios para atender a esta obligaci6n.

El pago de las pednsiones a Veteranos de la Guerra de Independencia y a sus familiares, se considerar6 preferente a toda otra obligaci6n del Estado.

Articulo 114.-El ingreso en la carrera notarial y en el cuerpo de registradores de la propiedad ser6, en lo sucesivo, por oposici6n regulada por la Ley.

Articulo 115.-La Ley establecer6 las sanciones correspondientes a quienes infrinjan los preceptos contenidos en esta Secci6n.
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CAPITULO OCTAVO
Consfituci6n del Gobierno
Articulo 116.-El Gobierno quedar& constituido por:
a) Presidente de la Repdiblica.
b) Un Consejo do Ministros; y
c) Un Consejo Consultivo.
CAPITULO PRIMERO
Del Presidente de ]a Repfiblica
Articulo 117.-Para ser Presidente de la Repfiblica se requiere:
a) Ser cubano por nacimiento.
b) Haber cumplido treinta y cinco afios de edad.
c) Hallarse en el pleho goce de los derechos civiles y politicos.
d) No tener negocios con el Estado, la Provincia o el Municipio.
Articulo 118.-El Presidente de la Rep-blica ser designado par el Consejo de Ministros.
Articulo 119.-El Presidente de la Rep'(blica y los Ministros del Gobierno jurar6n o prometer5n desempefiar fielmente los deberes inherentes a sus cargos, asi como observar y hacer cumplir esta Ley Constitucional y las leyes. El Presidente, inmediatamente despu6s de ser designado, jurar6 ante el Consejo de Ministros; y 6stos jurar6n despu6s ante el Presidente de la Rep~iblica.
Articulo 120.-Corresponde al Presidente de la Repiblica:
a) Actuar como poder director y de solidaridad nacional.
b) Cumplir y hacer cumplir esta Ley Constitucional y las leyes; sancionar y promulgar las leyes-decretos y reglamen.
tos que acuerde el Consejo de Ministros, ejecutarlas y hacerlas ejecutar y expedir los decretos y las disposiciones que para ese fin y para cuanto incumba al gobierno y administraci6n del Estado estimare conveniente.
c) Presentar al Pals, cuando lo estimare oportuno un Mensaje sobre los actos de administraci6n, demostrativo del estado general de la Rep~iblica.
d) Dirigir las negociaciones diplom5ticas y celebrar tratados
con las otras naciones, oyendo al Consejo de Ministros y
al Consejo Consultivo cuando lo estimare necesario.
e) Nombrar y remover a los Jefes de Misiones Diplom6ticas.
f) Nombrar para el desempefio do los dem6s cargos institu'-36 -







dos por la Ley a los funcionarios correspondientes, cuya designaci6n no est6 atribuida a otras Autoridades.
g) Suspender, ofdo el Consejo de Ministros, los derechos establecidos en el Titulo Cuarto de esta Ley Constitucional.
h) Conceder indultos de acuerdo con lo que prescriba la Ley
y esta Ley Constitucional. Para indultar a los funcionarios y empleados pfiblicos sancionados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, ser6 necesario que &stos hubiesen cumplido por lo menos la tercera parte de la sanci6n
que le fu6 impuesta por los Tribunales.
i) Recibir a los representantes diplom6ticos y otorqar el exequ6tur a los agentes consulares de las otras naciones.
j) Disponer de las Fuerzas Armadas de la Reptblica, como
Jefe Supremo de las mismas.
k) Proveer a la defensa del territorio nacional y a la conservaci6n del orden interior.
1) Cumplir y hacer cumplir cuantas reglas, 6rdenes y disposiciones acuerde y dicte el Tribunal Superior Electoral.
11), Nombrar y remover libremente a los Ministros del Gobierno, sustituy6ndolos en las oportunidades que procdeda.
m) Ejercer las dem6s atribuciones que le confieran expresamente esta Ley Constitucional, asi como las facultades que por la legislaci6n vigente, reglamentos y decretos est6n atribuidos al Presidente de la Rep~iblica.
n) Delegar en cualquiera de los Ministros del Gobierno para
que presida el Consejo de Ministros en las oportunidades
que lo estime conveniente, o para que cumpla cualquier otra
Comisi6n, que especialmente le encomiende.
Articulo 121.-Todos los decretos, 6rdenes y resoluciones del Presidente de la Rep~iblica deber6n ser refrendados por el Ministro correspondiente, sin cuyo requisito carecer6in de fuerza obligatoria. No ser& necesario este refrendo en los casos de nombramientos de Ministros del Gobierno.
Articulo 122.-En caso de ausencia definitiva o de incapacidad del Presidente de la Rep~iblica, el Consejo de Ministros designar6 la persona que haya de sustituirlo.
CAPITULO SEGUNDO
Del Consejo de Ministros
Articulo 123.-El Consejo de Ministros, estar6 integrado por el niunero de miembros que determine la Ley m6s los Ministros sin
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Cartera en el nfimero que disponga el Presidente de la Repfiblica, oido el Consejo de Ministros.
Articulo 124.-Para ser Ministro se requiere:
a) Ser cubano por nacimiento.
b) Haber cumplido treinta afios de edad.
c) Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y politicos.
d) No tener negocios con el Estado, la Provincia o el Municipio.
Articulo 125.-Cada Ministro tendril uno o m6s Subsecretarios que lo sustituirhn en los casos de ausencia o falta temporal.
Articulo 126.-El Consejo de Ministros seri presidido por el Presidente de la Rep~iblica; y cuando no asistiere a las sesiones del Consejo, 6ste ser presidido por el Ministro que el Presidente hubiere designado expresamente.
Articulo 127.-El Consejo de Ministros tendril un Secretario, con categorfa de Ministro, encargado de levantar las actas del Consejo, certificar sus acuerdos y atender al despacho de los asuntos del Presidente de la Republica y del Consejo de Ministros.
Articulo 128.-Los Ministros tendr6n a su cargo el despacho de sus respectivos Ministerios y deliberarhn y resolverhn sobre todas las cuestiones de inter6s general que no est6n atribuidas a otras dependencias o autoridades y ejercern las facultades que les correspondan con arreglo a esta Ley Constitucional y a las Leyes.
Articulo 129.-Los acuerdos del Consejo de Ministros se tomarin por mayoria de votos en sesiones a las que concurra por lo menos la mitad m6s uno de los Ministros. I
Articulo 130.-El Presidente de la Repi'blica y los Ministros del Gobierno son criminalmente responsables ante el Tribunal Supremo de Justicia de los delitos que cometieren en el ejercicio de sus cargos, pero para su procesamiento ser6 necesaria la autorizaci6n del Consejo de Ministros. La negativa para el procesamiento requerird las dos terceras partes de votos del Consejo de Ministros acordada en resoluci6n fundada.
Articulo 131.-Son atribuciones de los Ministros como miembros del Poder Ejecutivo:
a) Cumplir y hacer cumplir la Ley Constitucional, las .leyes,
decretos-leyes, decretos, reglamentos y demos resoluciones
y disposiciones.
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b) Redactar proyectos de Ley, reglamentos, decretos y cualesquiera otras resoluciones y presentarlos a la consideraci6n
del Gobierno.
c) Refrendar conjuntamente las leyes y dem6s documentos,
salvo los decretos de nombramientos o separaci6n de Ministros.
Articulo 132.-Los Ministros Sin Cartera tendr6n las siguientes facultades:
a) Desempefiar las comisiones que les sefiale el Presidente de
la Repfiblica o el Consejo de Ministros.
b) Asistir a todas las sesiones del Consejo de Ministros.
c) Los mismos deberes y prerrogativas de los demos Ministros.
d) Podr6n desempefiar cualquier cargo como Presidente de
cualquier comisi6n, bur6 u oficina, que acuerde el Consejo de Ministros asignarles.
Articulo 133.-En sus funciones como Poder equitativo, el Consejo de Ministros tendr6 las siguientes facultades:
a) Aprobar los nombramientos que haga el Presidente de la
Repiblica, de los Jefes de Misi6n Diplom5tica permanente y de los dem6s funcionarios cuyo nombramiento requiera
su aprobaci6n segfin la Ley.
b) Aprobar los nombramientos de todos los miembros del Tribunal de Cuentas.
c) Nombrar Comisiones de investigaci6n, con derecho a citar
tanto a particulares como a funcionarios y autoridades para que concurran a informar ante ellas y el de solicitar los datos y documentos que estime necesarios para los fines de la investigaci6n. (Los Tribunales de Justicia, autoridades administrativas y particulares est6n en el deber de suministrar a las Comisiones de Investigaci6n todos los datos y documentos que solicitaren).
d) Autorizar a los cubanos para servir militarmente a un pais
extranjero o para aceptar de otro Gobierno empleos u honores que lieven aparejadas autoridad o jurisdicci6n propia.
e) Aprobar los Tratados que negociare el Presidente de la Rep iblica con otras naciones.
f) Formar los C6digos y las Leyes de car6cter general; determinar el r6gimen de las elecciones; dictar las disposiciones relativas a la administraci6n general, la provincial y la municipal y acordar las dem6s leyes y resoluciones que esti-39-







mase convenientes sobre cualesquiera otros asuntos de inter6s p~iblico o que sean necesarios para le efectividad de
esta Ley Constitucional.
g) Establecer las contribuciones e impuestos de caricter nacional que sean necesarios para las atenciones del Estado. h) Discutir y aprobar los Presupuestos de gastos e ingresos
del Estado.
i) Acordar empr6stitos, pero con la obligaci6n de votar al mismo tiempo los ingresos permanentes necesarios para el pago de intereses y amortizaci6n.
j) Resolver sobre los informes anuales que el Tribunal de
Cuentas presente acerca de la liquidaci6n de los Presupuestos, el estado de la deuda p~iblica y la moneda nacional.
k) Acordar lo pertinente sobre la acufiaci6n de la moneda,
determinando su patr6n, ley, valor y denominaci6n, y resolver lo que estime necesario sobre la emisi6n de signos
fiduciarios y sobre el r6gimen bancario y financiero. 1) Regular el sistema de pesas y medidas. U) Dictar disposiciones para el r6gimen y f-omento del comercio interior y exterior; de la agricultura y la industria, seguros del trabajo y vejez, maternidad y desempleo.
m) Regular los servicios de comunicaciones, atendiendo al r6gimen de los ferrocarriles, caminos, canales y puertos y al tr6insito par via terrestre, a6rea y maritima, creando los que
exija la conveniencia p~iblica.
n) Fijar las reglas y procedimientos para obtener la naturalizaci6n y regular el r6gimen de los extranjeros.
fi) Conceder amnistias de acuerdo con esta Ley Constitucional. o) Fijar el cupo de las fuerzas armadas y acordar su organizacion.
p) Declarar la guerra y aprobar los tratados de paz que el
Presidente de la Rep~iblica haya negaciado.
q) Acordar todas las leyes que dispone esta Ley Constitucional y las que desenvuelvan los principios contenidos en
sus normas.
r) Las dems facultades que emanen de esta Ley Constitucional y de las leyes.
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TITULO NOVENO
De la InIciativa y Formaci6n de las Leyes
y de su Sanci6n y Promulgaci6n
Articulo 134.-La iniciativa de las leyes compete:
a) Al Presidente de la Rep Lblica.
b) A los miembros del Consejo de Ministros.
c) Al Consejo Consultivo.
d) Al Tribunal Supremo en matreia relativa a la Administraci6n de Justicia.
e) Al Tribunal Superior Electoral en materia de su competencia.
f) Al Tribunal de Cuentas en asuntos de su competencia y jurisdicci6n.
TITULO DECIMO
CAPITULO PRIMERO
Del Consejo Consultivo
Articulo 135.-El Consejo Consultivo estar6 compuesto por el un6mero de miembros que acuerde el Consejo d6 Ministros.
Articulo 136.-Los miembros del Consejo Consultivo ser&n designados por el Presidente de la Repiblica, seleccion6ndolos entre destacados representativos de las actividades fundamentales de la vida nacional.
Articulo 137.-Para ser Consejero Consultivo se requiere:
a) Ser cubano por nacimiento o naturalizaci6n.
b) Tener m6s de 21 afios de edad.
c) Estar en el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y
politicos.
CAPITULO SEGUNDO
Facultades del Consejo Consultivo
Articulo 138.-El Consejo Consultivo deber& ser oido:
a) En los Tratados de comercio que negociare el Presidente de
la Rep~iblica con otras naciones.
b) En el establecimiento de contribuciones e impuestos de car6cter nacional.
c) En los presupuestos de gastos e ingresos del Estado.
d) En los empr6stitos nacionales.
e) En la regulaci6n del sistema de pe'sas y medidas.
f) En la declaraci6n de guerra y los tratados de paz.
g) En las leyes que afecten a la producci6n o al trabajo.
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Artfculo 139.-Tendr6 iniciativa de leyes, las que elevar6 al Consejo de Ministros como proposici6n ya articulada. Y propiciar6 los estudios necesarios para la reforma de la legislaci6n privada, general y especial.
Articulo 140.-El Consejo Consultivo elevar6 su dictamen, siempre que fuere aprobado por la mayoria de los concurrentes a la sesi6n; y no podr6 celebrar sesiones sin la asistencia de la mitad m6s uno de sus miembros.
Articulo 141.-El Consejo Consultivo tendr& un Presidente, un Vice-Presidente y dos Secretarios que ser6n designados por el Consejo de Ministros.
Articulo 142.-Los miembros del Consejo Consultivo devengar6n dieta por la asistencia a sesiones, en la cuantia que acuerde el Consejo de Ministros.
Articulo 143.-Los miembros del Consejo Consultivo ser6n inviolables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones.
Articulo 144.-El Consejo Consultivo elevar6 a Consejo de Ministros, dentro de los -quince dias siguientes a su constituci6n, el Reglamento Interno para la regulaci6n de los debates, tiempo de duraci6n y labor a rendir en las sesiones; y demis funciones del Consejo.
TITULO UNDECIMO
SECCION PRIMERA
Del Poder Judicial
Disposiciones Generales
Articulo 145.-La justicia se administra en nombre del pueblo y su dispensaci6n ser6 gratuita en todo el territorio nacional.
La potestad jurisdiccional del Poder Judicial dimana de esta Ley Constitucional; y los funcionarios judiciales y del Ministerio Fiscal, sus auxiliares subalternos, abogados de oficio y los de los tribunales electorales que sean permanentes y que se encontraren en el ejercicio de sus cargos al tiempo de promulgarse esta Ley Constitucional, quedan ratificados y comprendidos en la inamovilidad que garantiza el presente Titulo.
Los Jueces y Fiscales son independientes en el ejercicio de sus funciones y no deben obediencia m6s que a la Ley.
S61o podr6 administrarse justicia por quienes pertenezcan per-42-







manentemente al Poder Judicial. Ning6.n miembro de este Poder podr6 ejercer otra profesi6n.
Articulo 146.-El Poder Judicial se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Superior Electoral y los dem6s Tribunales y Jueces que la Ley establezca. Esta regular6 la organizaci6n de los tribunales, sus facultades, el modo de ejercerlas y las condiciones que habrdn de concurrir en los funcionarios que los integren.
SECCION SEGUNDA
Del Tribunal Supremo de Justicia
Articulo 147.-El Tribunal Supremo de Justicia se compondr6 de las Salas que la Ley determine.
Una de estas Salas constituir~i el Tribunal de Garantias Constitucionales y Sociales. Cuando conozca de asuntos constitucionales ser6c presidida necesariamente por el Presidente del Tribunal Supremo y no podr& estar integrada por menos de quince Magistrados. Cuando se trate de asuntos sociales no podr6 constituirse por menos de nueve Magistrados.
Articulo 148.-Para ser Presidente o Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, se requiere:

a) Ser cubano por nacimiento.
b) Haber cumplido cuarenta afios de edad.
c) Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y politicos
y no haber sido condenado a pena aflictiva por delito comin.
d) Reunir, adem&s, alguna de las circunstancias siguientes:
Haber ejercido en Cuba durante diez afios por lo menos
la profesi6n de abogado; o haber desempefiado, por igual tiempo, funciones judiciales o fiscales o explicado, durante el mismo nilmero de afios, una c5tedra-de Derecho en establecimiento oficial de ensefianza.
A los efectos del p6rrafo anterior, podrcn sumarse los
periodos en que se hubiesen ejercido la abogacia y las funclones judiciales o fiscales.

Articulo 149.-El Tribunal Supremo de Justicia tendr6, adem6s de las otras atribuciones que esta Ley Constitucional y la Ley le sefialen, las siguientes:
a) Conocer de los recursos de casaci6n.
b) Dirimir las cuestiones de competencia entre los tribunales

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que le sean inmediatamente inferiores o no tengan superior comdn y las que se susciten entre las autoridades judiciales y las de otros 6rdenes del Estado, la Provincia y
el Municipio.
c) Conocer de los juicios en que litiguen entre si el Estado,
la Provincia y el Municipio.
d) Decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes, decretos, Reglamentos, acuerdos, 6rdenes, disposiciones y otros actos de cualquier organismo, autoridad
o funcionario.
Articulo 150.-Se instituye la carrera judicial. El ingreso en la misma se hare mediante ejercicios de oposici6n exceptu6ndose los magistrados del Tribunal Supremo.
. Articulo 151.-Para los nombramientos de Magistrados de Audiencia se observardn tres turnos: el primero, en concepto de ascenso, por rigurosa antigiiedad en la categoria inferior; el segundo, mediante concurso entre los que ocupen la categoria inmediata inferior; y el tercero, mediante ejercicios -te6ricos y pr6cticos- de oposici6n, a los que podr6n concurrir, tanto funcionarios judiciales y fiscales como abogados, no mayores de sesenta afios. Los abogados en ejercicio deber6n reunir los dem6s requisitos exigidos para poder ser nombrados Magistrados del Tribunal Supremo.

Articulo 152.-Los nombramientos de Jueces se har6n en dos turnos: uno por rigurosa antigijedad en la categoria inferior, y otro por concurso, en el que podr6n tomar parte funcionarios de la misma y de la inferior categoria. En el primer turno a que se refiere este Articulo y el anterior, la vacante serci provista por traslado si hubiere funcionario de igual categoria que asi lo solicitare, reservdndose el ingreso o el ascenso para las plazas que en definitiva queden disponibles en la cotegoria.
Articulo 153.-La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, determinar6, clasificari y publicar& los m6ritos que hayan de ser reconocidos a los funcionarios judiciales de cada categoria para el turno de ascenso.
Articulo 154.-En los casos de concurso, los traslados y ascensos se otorgarcn forzosamente al funcionario solicitante, de la propia categoria o de la inmediata inferior, que mayor puntuaci6n hubiese obtenido. El Tribunal Supremo establecer& la pauta de puntuaci6n por categorias, rectific6ndola semestralmente en conside-44-






raci6n exclusiva a la capacidad, actuaci6n, m6rito y producci6n juridica de cada funcionario.

Articulo 155.-Los Magistrados del Tribunal Supremo ser6n nombrados por el Presidente de la Repiblica de una terna propuesta par un colegio electoral de nueve miembros. Estos ser6n designados: cuatro por el pleno del Tribunal Supremo, de su propio seno; tres por el Presidente de la Repblica, y dos por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Los cinco iltimos dober6n reunir los requisitos exigidos para ser magistrados del Tribunal Supremo y los designados por la Facultad de Derecho no podr&n pertenecer a la misma.

El Colegia se forma para cada designaci6n, y sus componentes que no sean magistrados no podr6n volver a formar porte del mismo, sino transcurridos cuatro afios.

El Presidente del Tribunal Supremo y los Presidentes de Sala ser6n nombrados por el Presidente de la Repiblica, a propuiesta del pleno del Tribunal. Estos nombramientos y los de Magistrados del Tribunal Supremo deberhn recibir la aprobaci6n del Consejo de Ministros.

La terna a que se refiere el parrafo primero de este Artlculo comprender& por lo menos, si lo hubiere, a un funcionario judicial en activo servicio que haya desempefiado esas funciones durante diez afios como minimo.

Articulo 156.-Los nombramientos, ascensos, traslados, permutas, suspensiones, correcciones, jubilaciones, licencias y supresiones de plazas se har6n por una Sala de Gobierno especial integrada por el Presidente del Tribunal Supremo y por seis miembras del mismo, elegidos anualmente entre los Presidentes de Sala y Magistrados de dicho Tribunal.
No se puede formar parte de esta Sala do Gobierno dos afios sucesivos.
Todas las plazas de nueva creaci6n ser5n cubiertas conforme a las disposiciones de esta Ley Constitucional.

A La facultad reglamentaria, en cuanto afecte al orden interno do los Tribunales, se ejercer i por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgnica del Poder Judicial.
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SECCION TERCERA
Del Tribunal de Garantias Constitucionales y Sociales
Articulo 157.-El Tribunal de Garantias Constitucionales y Sociales es competente para conocer de los siguientes asuntos:
a) Los recursos de inconstitucionalidad contra las Leyes, decretos-leyes, decretos, resoluciones o actos que nieguen, disminuyan, restringan o adulteren los derechos y garantias consignadas en esta Ley Constitucional o que impidan el
libre funcionamiento de los 6rganos del Estado.
b) Las consultas de jueces y tribunales sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes y dem6s disposiciones
que hayan de aplicar en juicio.
c) Los recursos de habeas corpus, por via de apelaci6n o
cuando haya sido ineficaz la reclamaci6n ante otras autoridades o tribunales.
d) La validez del procedimiento y de la reforma constitucionales.
e) Las cuestiones juridico-politicas y las de legislaci6n social
que esta Ley Constitucional y la Ley sometan a su consideraci6n.
f) Los recursos contra los abusos de poder.
Articulo 168.-Pueden acudir ante el Tribunal de Garantias Constitucionales y Sociales sin necesidad de prestar fianza:
a) El Presidente de la Rep~iblica y los Miembros del Consejo
de Ministros.
b) Los Jueces y Tribunales.
c) El Ministerio Fiscal.
d) Las Universidades.
e) Los organismos aut6nomos autorizados por esta Ley Constitucional o la Ley.
f) Toda persona individual o colectiva que haya sido afectada por un acto o disposici6n que considere inconstitucional.
Las personas no comprendidas en alguno de los incisos antetiores pueden acudir tambi6n al Tribunal de Garantias Constitucionales y Sociales, siempre que presten la fianza que la Ley sefiale.
SECCION CUARTA
Del Tribunal Superior Electoral
Articulo 159.-El Tribunal Superior Electoral estar6 formado por tres Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y dos de la
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Audiencia de La Habana, nombrados por un periodo de cuatro aios y por los plenos de sus respectivos tribunales.
La presidencia del Tribunal Superior Electoral corresponde al mds antiguo de los tres Magistrados del Tribunal Supremo. Cada uno de los miembros del Tribunal tendr6 dos suplentes, nombrados por el organismo de donde procedan.
Articulo 160.-Adem6s de las atribuciones que las leyes electorales le confieran, el Tribunal Superior Electoral queda investido de plenas facultades para garantizar la pureza del sufragio, fiscalizar e intervenir cuando lo considere necesario en todos los censos, elecciones y dem6s actos electorales, en la formaci6n y organizaci6n de nuevos partidos, reorganizaci6n de los existentes, nominaci6n de candidatos y proclamaci6n de los electos.
Le corresponde tambi6n:

a) Resolver las reclamaciones electorales que la Ley someta
a su jurisdicci6n y competencia.
b) Dictar las instrucciones generales y especiales necesarias
para el cumplimiento de la legislaci6n electoral.
c) Resolver, en grade de apelaci6n, los recursos sobre la validez o nulidad de una elecci6n y la proclamaci6n de candidatos.
d) Dictar instrucciones y disposiciones, de cumplimiento obligatorio, a las fuerzas armadas y de la policia para el mantenimiento del orden y de la libertad electoral durante el periodo de confecci6n del censo, el de organizaci6n y reorganizaci6n de los partidos y el comprendido entre la convocatoria a elecciones y la terminaci6n de los escrutinios.
En case de grave alteraci6n del orden piblico, o cuando
el Tribunal estime que no existen suficientes garantias, podr6 acordar la suspensi6n o la nulidad de todos los actcs y operaciones electorales en el territorio afectado, aunque no
est6n suspendidas las garantias constitucionales.

Articulo 161.-La Ley organizar los Tribunales Electorales. Para formarlos podr6i utilizar a funcionarios de la carrera judicial .

E! conocimiento de las reclamaciones electorales queda reservado a la jurisdicci6n electoral. Sin embargo, la Ley determinar6i los asuntos en que, per excepci6n, podri recurrirse de las resoluciones del Tribunal Superior Electoral, en via de apelaci6n, ante el Tribunal de Garantias Constitucionales y Sociales.
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Articulo 162.-Se crea la carrera administrativa de los empleados y funcionarios electorales, subordinados a la jurisdicci6n m&zima del Tribunal Superior Electoral; y se declaran inamovibles los empleados permanentes de las juntas electorales.
La retribuci6n fijada a estos funcionaios y empleados permonentes por el C6digo Electoral, no podr& ser alterada, sino en las condiciones y circunstancias establecidas para los funcionarios y empleados judiciales. La Ley no podr6 asignar distintas retribu. ciones a cargos de igual grado, categoria y funciones.
SECCION QUINTA
Del Ministerio Fiscal
Articulo 163.-El Ministerio Fiscal representa al pueblo ante la administraci6n de justicia y tiene como finalidad primordial vigilar el cumplimiento de la Constituci6n y de la Ley. Los funcionarios del Ministerio Fiscal ser6n inamovibles e independientes en sus funciones, con excepci6n del Fiscal del Tribunal Supremo que sera nombrado y removido libremente por el Presidente de la Repfiblica.
Articulo 164.-En ingreso en la carrera fiscal se har& mediante ejercicios de oposici6n y el ascenso habr6( de realizarse en la forma que para los jueces establece esta Ley Constitucional. Los nombramientos, incluyendo los de plazas de nueva creaci6n, ascensoso traslados, suspensiones, correcciones, licencias, separaciones y jubilaciones de los funcionarios del Ministerio Fiscal y la aceptaci6n de sus permutas y renuncias se harin de acuerdo con lo que determine la Ley.
Articulo 165.-El Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia reunirci las condiciones exigidas para ser Magistrado del Tribunal Supremo; los Tenientes Fiscales del propio Tribunal y los Fiscales de los dem6s tribunales, deber6n ser cubanos por nacimiento, haber cumplido treinta afios de edad y hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y politicos. Los dem6s funcionarios del Ministerio Fiscal reunir6n las condicionesque la Ley sefiale.
Articulo 166.-Cuando el Gobierno litigue o deba personarse en algrn procedimiento, lo har& por medio de abogados del Estado, los cuales formarain un cuerpo cuya organizaci6n y funciones regular& la Ley.
SECCION SEXTA
Del Consejo Superior de Defensa Social y de los Tribunales para Menores
Articulo 167.--Habra un Consejo Superior de Defensa Social
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que estar6 encargado de la ejecuci6n de las sanciones y medidas de seguridad que impliquen la privaci6n o la limitaci6n de la libertad individual, asi coma de la orgacnizaci6n, direcci6n y administraci6n de todos los establecimientos o instituciones que se requieran para la m6s eficaz prevenci6n y represi6n de la criminalidad.
Este organismo, que gozar6 de autonomia para el ejercicio de sus funciones t6cnicas y administrativas, tendr& tambi6n a su cargo la concesi6n y revocaci6n de libertad condicional, de acuerdo con la Ley.
Articulo 168.-Se crean los Tribunales para menores de edad. La Ley regular6 su organizaci6n y funcionamiento.
SECCION SEPTIMA
De la Inconstitucionalidad
Articulo 169.-La declaraci6n de inconstitucionalidad podr6 pedirse: ,,
a) Par los interesados en los juicios, causas o negocios de que
conozcan la jurisdicci6n ordinaria y las especiales.
b) Par veinticinco ciudadanos- que justifiquen su condici6n de
I tales.
c) Par la persona a quien afecte la disposici6n que se estime
inconstitucional.
Los Jueces y tribunales est6n obligados a resolver los conflictos entre las leyes vigentes y la Ley Constitucional, ajust6ndose al principio de que 6sta prevalezca siempre sobre aqu6llas.
Cuando un juez o tribunal considere inaplicable cualquier Ley, decreto-ley, decreto o disposici6n porque estime que viola la Ley Constitucional, suspender6 el procedimiento y elevar6 el asunto al Tribunal de Garantias Constitucionales y Sociales a fin de que declare o niegue la constitucianalidad del precepto en cuesti6n y devuelva el asunto al remitente para que continue el procedimiento, dictando las medidas de seguridad que sean pertinentes.
En los expedientes administrativos podr6 plantearse el recurso de inconstitucionalidad al acudirse a la via contencioso-administrativa. Si las leyes no franquearen esta via, pcdr6 interponerse el recurso de inconstitucionalidad directamente contra la resoluci6n administrativa.
Los recursos de inconstitucionalidad, en los casos enumerados en los articulos ciento cincuenta y siete y ciento sesenta y uno de

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esta Ley Constitucional, se interpondr6n directamente ante el Tibunal de Garantias Constitucionales y Sociales.
En tado recurso de inconstitucionalidad los Tribunales resolver6n siempre el fondo de la reclamaci6n. Si el recurso adoleciere de alg~in defecto de forma, conceder6n un plazo al recurrente para que lo subsane.
No podr6 aplicarse, en ningl'n caso ni forma, una ley, decretoley, decreto, reglamento, orden, disposici6n o medida que haya sido declarada inconstitucional, bajo pena' de inhabilitaci6n para el desempefio de cargo p~iblico.
La sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de un precepto legal o de una medida o acuerdo gubernativo, obligar6 al organismo, autoridad o funcionario que haya dictado la disposici6n anulada, a derogarla inmediatamente.
En todo caso la disposici6n legislativa reglamentaria o medida gubernativa declarada inconstitucional, se considerar nula y sin valor ni efecto desde el dia de la publicaci6n de la sentencia en los estrados del Tribunal.
Articulo 170.-El Tribunal Supremo y el de Garantfas Consttucionales y Sociales est6n obligados a publicar sin demora sus sentencias en el peri6dico oficial que corresponda.
En el Presupuesto del Poder Judicial se consignari anualmente un crddito para el pago de estas atenciones.
SECCION OCTAVA
De la Jurisdicci6n e Inamovilidad
Articulo 171.-Los Tribunales ordinarios conacer6in de todos los juicios, causas o negocios, sea cual fuere la jurisdicci6n a que correspondan, con la so]a excepci6n de los originados por delitos militares o por hechos ocurridos en el cumplimiento de obligaciones relativos al servicio, los cuales quedarin sometidos a la jurisdicci6n militar
Cuando estos delitos se cometan conjuntamente por militares y personas no aforadas sercin de la competencia de la jurisdicci6n ordinaria.
Articulo 172.-En ninqfin caso podr6n crearse tribunales comisiones u organismos a los que se conceda competencia especial para conocer de hechos, juicios, causas, expedientes, cuestiones o negocios de las jurisdicciones atribufdas a los tribunales ordinarios.
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Articulo 173.-Los tribunales de las Fuerzas Armadas se regir6n por sus leyes especiales y conocer6n de los delitos y faltas estrictamente militares cometidos por sus miembros y de aque,llos otros que se les imputen cometidos en actos o a consecuencia del servicio. En caso de guerra o grave alteraci6n del orden p~iblico, o cuando est6 en vigor la Ley de Seguridad y de Orden PAblico, la jurisdicci6n militar conocer6 de todos los delitos y faltas cometidos por militares en cualquier lugar y circunstancias.
Articulo 174.-La responsabilidad civil y criminal en que incurran los jueces, magistrados y fiscales en el ejercicio de sus funciones, o con motivo de ellas, ser6 exigible ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Artfculo 175.-Los funcionarios judiciales y del ministerio fiscal, abogados de oficia, asi como sus auxiliares y subalternos, son inamovibles. En su virtud, no podrdn ser suspendidos ni separados sino por raz6n de delito u otra causa grave debidamente acreditada y siempre con audiencia del inculpado. Estos funcionarios podr6n ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones en cualquier estado del expediente.
Cuando en causa criminal un juez, magistrado, fiscal o abogado de oficio fuere procesado, seri suspendido inmediatamente en el ejercicio de sus funciones.
No podr6 acordarse el traslado de jueces, magistrados, fiscales o abogados de oficio, a no ser mediante expediente de correcci6n disciplinaria o por los motivos de conveniencia piblica que establezca la Ley. No obstante, los funcionarios del Ministerio Fiscal podr6n ser trasladados, en casos de vacantes, silo solicitaren.
Articulo 176.-Los cargos de Secretarios y auxiliares de la -administraci6n de justicia se cubrir6n en turnos alternativos de traslados y ascensas por antigiiedad y m6ritos, d'eterminados estos Ilti-. mos, por concurso-oposici6n, en la forma que fije la Ley y de acuerdo con el escalaf6n que confeccionar6 y publicar& la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de Justicia.
Articulo 177.-La Ley establecer6 las causales de correcci6on, traslado y separaci6n, asi como la tramitaci6n de los expedientes respectivos.
Se fija comao edad m6xima para pertenecer al Poder Judicial la de 75 afios, cumplidos los cuales la Sala'de Gobierno del Tribunal Supremo proceder6 a tramitar el expediente de jubilaci6n
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forzosa del funcionario, auxiliar o subalternos que hubieren cumplido dicha edad.
Articulo 178.-El cumplimiento de las resoluciohes judiciales es ineludib'e. La Ley establecer6 las garantias necesaria. para hacer efectivas estas resoluciones, sifa ello resistiesen autoridades, funcionarios, empleados del Estado, de la Provincia o del Municipio, o miembros de las Fuerzas Armadas.
Articulo 179.-Las sentencias que dicten los jueces correccionales, en los casos de delito, ser6n apelables ante el Tribunal que la Ley determine, regulando 6sta su procedimiento.
Articulo 180.-El Gobierno no tiene potestad para declarar lesiva una resoluci6n firme de los tribunales. En el caso de que no pueda cumplirla indemnizari al perjudicado en la forma correspondiente siempre que proceda, solicitando del Consejo de Ministros, los cr6ditos necesarios si no los tuviere.
Articulo 181.-La retribuci6n de los funcionarios y empleados do la administraci6n de justicia, del Ministerio Fiscal y de los funcionarios y empleados permanentes de los organismos electorales, no podrd ser alterada sino par una votaci6n de las dos terceras partes de cada uno de los cuerpos colegisladores y en periodos no menores de cinco aios.
No podrcn asignarse distintas retribuciones a cargos de igual grado, categoria y funciones.
La retribuci6n que se asigne a los. Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia deberi ser en todo case adecuada a la importancia y trascendencia de sus funciones.
Articulo 182.-Ning6n miembro del Poder Judicial podr6i figurar coma candidato a ningin cargo electivo.
Articulo 183.-La responsabilidad penal y los motivos de separaci6n en que puedan incurrir el Presidente, Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, se declararn ajust6ndose al siguiente procedimiento.
El Consejo de Ministros ser6 el competente para conocer de las denuncias contra dichos funcionarios. Recibida una denuncia, el Consejo nombrar6 ponente al Ministro de Justicia para que la estudie y 6ste elevar& su dictamen al Consejo. Si par el voto de las dos terceras partes de sus miembros el Consejo considera fundada la denuncia, se abrir6 el juicio correspondiente ante un Tribunal

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que se denominar6 Gran Jurado, compuesto par quince miembros designados en la forma que sigue:
Seis Magistrados del Tribunal Suprema de Justicia.
Tres Miembros del Consejo Consultivo, que sean abogados, designados par el propio Consejo.
Seis abogados, seleccionados par insaculaci6n de una lista de 50 remitida par el Presidente de la Repdiblica.
Este Tribunal ser6 presidido par el funcionario judicial de mayor categoria y en su defecto par el de mayor antigiiedad de los que concurran a integrarlo.
TITULO DUODECIMO
Del R6gimen Municipal
SECCION PRIMERA
Disposiciones Generales
Artfculo 184.-El Municipio es la sociedad local organizada politicamente par autorizaci6n del Consejo de Ministros en una extensi6n territorial determinada por necesarias relaciones de vecindad, sobre una base de capacidad econ6mica para satisfacer los gastos del gobierno propio, y con personalidad juridica a todos los efectos legales.
La Ley determinar& el territorio, el nombre de cada Municipio y el lugar de residencia de su gobierno.
Articulo 185.-Los municipios podr5n asociarse para fines intermunicipales par acuerdo de sus respectivos ayuntamientos o comisiones. Tambi6n podr6n incorporarse unos municipios a otros, o dividirse para constituir otros nuevos, o alterar sus limites par iniciativa popular y con aprobaci6n del Consejo de Ministros, oido el parecer de los Ayuntamientos o comisiones respectiv'os.
Para acordar la segregaci6n de parte de un T6rmino Municipal y agregarla a otro u otros colindantes, ser6i precise que lo solicite, par lo menos un diez par ciento de los vecinos de la porci6n de territorio que se trata de segregar, y que, en una elecci6n de referendo, el sesenta par ciento de los electores de dicha parte se muestre conforme con la segregaci6n.
Si el resultado del referendo fuese favorable a la solicitud presentada, se elevar& el asunto al Conseja de Ministros para su resoluci6n definitiva.
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Al sefialarse las nuevas demarcaciones de territorios, y practicarse la divisi6n de bienes, se resl5etar& el derecho de propledad privada del Municipio cedente sobre los bienes que haya admitido o constituido en la porci6n que se le segrega, sin perjuicio de reconocerle al Municipio que la recibe la parte proporcional que le corresponda por lo que tubiere aportado para la adquisici6n o constracci6n de dichos bienes.
Siempre que se trate de la constituci6n de un nuevo Municipio, corresponder6 al Tribunal de Cuentas informar sobre la capacidad econ6mica del mismo para el mantenimiento del gobierno propio.
Articulo 186.-El Gobierno Municipal es una entida-d con poderes para satisfacer las necesidades colectivas peculiares de la sociedad local, y es adem6s, un organismo auxiliar del Poder Central tral ejercido por el Estado a trav6s de todo el territorial nacional.
Articulo 187.-El Municipia es aut6nomo. El Gobierno Municipal queda investido de todos loa poderes necesarios para resolver libremente los asuntos de la sociedad local.
Las facultades de las cuales no resulta investido el Gobierno Municipal por esta Ley Constitucional quedan reservadas al Gobierno Nacional.
El Estado podr& suplir la gesti6n municipal, cuando 6sta seainsuficiente, en caso de epidemia, grave alteraci6n del orden pdblico u otros motivos de inter6s general, en la forma que determine la Ley.
Articulo 188.-Corresponde especialmente al Gobierno Municipil:
a) Suministrar todos los servicios pfiblicos locales, comprar,
construir y operar empresas de servicios piblicos, o prestar dichos servicios mediante concesi6n o contrato, con todas las garantias iue establezca la Ley; y adquirir, por expropiaci6n o por compra, para los prop6sitos indicados, las propiedades necesarias. Tambi6n podr6n operar empresas de
car6cter econ6mico.
b) LLevar a cabo mejoras p~iblicas locales y adquirir por compra, de acuerdo con sus duefios o mediante expropiaci6n, las propiedades directamente necesarias para la obra proyectada y las que conviniere para resarcirse del costo de
la misma.
c) Crear y administrar escuelas, museos y bibliotecas pibli-54.-







cas, campos para educaci6n fisica y campos recreativos sin perjuicio de lo que la Ley establezca sabre educaci6n; y adoptar y ejecutar, dentro de los limites del Municipio, reglas sanitarias y de vigilancia local, y otras disposiciones similares que no se opongan a la Ley, asi coma propender al establecimiento de cooperativas de producci6n y de consu-.
mo y exposiciones y jardines bot6nicos y zool6gicos, todo
con car6cter de servicio p~iblico.
'd) Nombrar los empleados municipales con arreglo a lo que
estable~can esta Ley Constitucional y la Ley.
'e) Formar sus presupuestos de gastos e ingresos y establecer
los impuestos necesarios para cubrirlos, siempre que 6stos
sean compatibles con el sistema tributario del Estado.
Los municipios no podr6n reducir ni suprimir ingresos
de cardcter permanentes sin establecer al mismo tiempo otros que los sustituyan, salvo el caso en que la reducdi6n o supresi6n corresponda a la reducci6n o supresi6n de gastos
permanentes equivalentes.
Los cr6ditos que figuren en los presupuestos para gastos
ser6n divididos en dozavas partes y no se pagar& ninguna atenci6n del mes corriente si no han sido liquidadas tcdas
las del anterior.
f) Acordar empr6stitos, votando al mismo tiempo los ingresos permanentes necesarios para el pago de sus intereses
y amortizaci6n.
Ningn municipio podr6 contraer obligaciones de esta
clase sin previo informe favorable del Tribunal de Cuentas.
En el caso de que se acordaren nuevos impuestos para
el pago de las obligaciones a que se refiere el p6rrafo anterior se requerir&c, adem6s, la votaci6n conforme en una elecci6n de referenda, de la mitad m6s uno de los votos emitidos par los electores del t6rmino municipal, sin que la votaci6n pueda ser inferior al treinta par ciento de los mismos.
g) Contraer obligaciones econ6micas de pago aplazado para
costear obras pfablicas, con el deber de consignar en los sucesivos presupuestos anuales los cr6ditos necesarios para satisfacerlas, y siempre que su pago no obsorba la capacidad econ6mica del Municipio para prestar los otros servicios que tiene a su cargo. No podr6 ningn Municipio contraer obligaciones de esta'clase sin previo informe favorable del Tribunal de Cuentas y la votaci6n conforme tambi6n de las dos terceras partes de los miembros que com-55-







pongan el Ayuntamiento o la comisi6n.
h) La enumeraci6n de estas facultades, asi como cualquiera
otra que se haga en la Ley, no implica una limitaci6n o restricci6n de las facultades generales concedidas pqr esta Ley Constitucional al Municipio sino la expresi6n de una parte de las mismas, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo ciento ochenta y ocho de esta Ley Constitucional.
El comercio, las comunicaciones y el tr6nsito intermunicipales no podrdn ser gravados por el municipio. Queda prohibido el agio o la competencia desleal que pudiera resultar de medidas adoptadas por los municipios. Los impuestos mirnicipales sobre articulos de primera necesidad
se ajustar6n a las bases que establezca la Ley.
Articulo 189.-El gobierno de cada municipio est6 obligado a satisfacer las siguientes necesidades' minimas locales:
a) El pago puntual de sueldos y jornales a los funcionarios y
empleados municipales,.de acuerdo con el nivel de vida de
la localidad.
b) El sostenimiento de un albergue y casa de asistencia social,
un taller de trabajo y una granja agricola.
c) El mantenimiento de la vigilancia pdiblica y de un servicio
de extinci6n de incendios.
d) El funcionamiento, por lo menos en la cabecera, de una escuela, una biblioteca, un centro de cultura popular y una
casa de socorros m6dicos.
Articulo 190.-En cada municipio existir6 una Comisi6n de Urbanismo que tendr6 la obligaci6n de trazar el plan de ensanche y embellecimiento de la vivienda del trabajador y propondr6 planes teniendo en cuenta las necesidades presentes y futuras del tr6nsito p iblico, de la higiene, del ornato y del bienestar comun.
Dicha Comisi6n atender6 a todo lo concerniente a la vivienda del trabajador y propondr6 planes de fabricaci6n de casas para obreros campesinos, las cuales podr6n ser adquiridas a largo plazo con el importe de un m6dico alquiler que restituya al municipio el capital invertido. Los municipios procederdn a ejecutar el plan que aprobaren consignando, obligatoriamente en sus presupuestos, las cantidades necesarias a tal, fin de sus ingresos ordinarios, sin que puedan ser 6stas inferiores al costo de una casa en cada ejercicio econ6mico, o acudiendo a fos medios que les brinda esta Ley Constitucional para llevar a cabo obras de esta naturaleza, en el caso de que sus ingresos ordinarios no fuesen suficientes para ello.
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Existir&5 asimismo una Comisi6n de caminos vecinales que tendr6 la obligaci6n de trazar, construir y conservar aquellos que, segfrn un plan y r6gimen, previamente acordados, favorezcan la explotaci6n, el transporte y la distribuci6n de los productos.
Articulo 191.-La Ley determinar6 la urbanizaci6n de los caserios a poblados contiguos a los bateyes de los ingenios azucareros o cualquier otra explotaci6n agricola o industrial de an6loga naturaleza.
Articulo 192.-Como garantia de los habitantes del T6rmino Municipal respecto a sus gobernantes locales, se dispone lo siguiente:
a) En caso de que las resoluciones o acuerdos de las autoridades u organismos municipales lesionen algiin inter6s p-ivado o social, el perjudicado o cualquier habitante del Municipio que considere que el acuerdo o resoluci6n lesiona un interns p~iblico, podr6 solicitar su nulidad y la reparaci6n del dafio ante los Tribunales de Justicia, mediante un procedimiento sumario establecido por la Ley. El Municipio responder6 subsidiariamente y tendr6 el derecho de repeir, cuando, fuere condenado al pago, contra el funcionario culpable de haber ocasionado el dafio en los t6rminos que
disponga la Ley. "
b) Se exigir6 el referendo en la contrataci6n de empr6stitos,
emisiones de bonos y otras operaciones de movilizaci6n del cr6dito municipal que, por su cuantia, obliguen al Municipio que las realiza a la creaci6n de nuevos impuestos para responder al pago de las amortizaciones o pagos de dichas
contrataciones.
c) Se conceder6 el derecho'de iniciativa a un tanto por ciento
que fijar6 la Ley del cuerpo electoral del Municipio, para proponer acuerdos al Ayuntamiento o a la Comisi6n. Si 6stos rechazaren la iniciativa o no resolvieren sobre ella, deber6n someterla a la consulta popular mediante referenda
en la forma que la Ley determine.
d) La renovaci6n del mandato politico podr& solicitarse contra
los gobernantes locales por un tanto por ciento de los electores del Municipio, en la forma que la Ley determina.
e) Se considerard resuelto negativamente lo que se solicite de
las autoridades y organismos municipales cuando la petici6n o reclamaci6n no fuere resuelta favorablemente dentro del t6rmino fijado por la Ley. Esta regular6 todo Io relativo a la impugnaci6n de tales denegaciones t6citas y la res-57-







ponsabilidad de los culpables de la demora.
La Ley fijar6 sanciones par la demora injustificada en
la tramitaci6n de las peticiones formuladas par los habitantes del Tdrmino Municipal a las autoridades y organismos
municipales.
Articulo 193.-La responsabilidad penal en que incurran los Alcaldes, los miembros del Ayuntamiento o de la Comisi6n y dem.is autoridades municipales ser6 exigible ante los Tribunales de Justicia, bien de oficio, a instancia del Fiscal, o par acci6n privada. Esta serd popular y podr65 ejercitarse sin constituir fianza, par no menos de veinticinco vecinos del T6rmino Municipal, sin perjuicio de la responsabilidad que proceda par acusaci6n falsa o calumniosa.
Articulo 194.-De los acuerdos municipales ser6n responsables los que votaren a favor de ellos y los que no habiendo asistido a la sesi6n en que se tomaron, sin estar en usa de licencia oficial en tonces, dejaren transcurrir las dos sesiones siguientes sin salvar su vato. Estas salvedades no afectar6n, en ningn caso, a la eficacia de los acuerdos definitivamente adoptados.
Articulo 195.-Ninguna Ley podr6 recabar para el Estado, las Provincias u otros organismos a instituciones, toda o parte de las cantidades que recauden los municipios par concepto de contribuciones, impuestos y dem6s medics de obtenci6n de los ingresos municipales.
Articulo 196.-Ninguna Ley podr6 declarar de car6cter nacional un impuesto o tributo municipal que constituya una de las fuentes de ingieso del municipio,.sin garantizarle al mismo tiempo ingresos equivalentes a los nacionalizados.
I
Articulo 197.-Ninguna Ley podr6 obligar a los municipios a ejercer funciones recaudadoras de impuestos de car6cter nacional 6 provincial, a menos que los organismos interesados en el cobra nombren los auxiliares necesarios para esa gesti6n.
Articulo 198.-El municipio no estar6 obligado a pagar ningo~n servicia que no est6 administrado par 61 mismo, salvo que otra cosa hubiere convenido expresamente con el Estado, los particulares u otros municipios.
SECCION SEGUNDA
Gobierno Municipal
Arti ulo 199.-Los t6rminos municipales estar6n regidos en la
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forme que establezca la Ley, la cual reconocer6 el derecho de los municipios a darse su propia Carta Municipal de acuerdo con esta Ley Constitucional.
La organizaci6n municipal ser& democrhtica y responder& en forma sencilla y eficaz al car6cter esencialmente administrativo del gobierno local.

Articulo 200.-Los municipios podr6n adoptar su propia Carta Municipal de acuerdo con el siguiente procedimiento que regularc la Ley. El Ayuntamiento o la comisi6n a petici6n de un diez por ciento de los electores del Municipio y con el voto conforme de las dos terceras partes de sus miembros, consultar5 al cuerpo electoral del municipio, por medio de los organismos electorales correspondientes, si desea elegir una comisi6n de quince miembros para redactar una carta municipal.

Los nombres de los candidatos para formar parte de la comisi6n figurarhn en las correspondientes boletas, y si la mayoria de los electores votase favorablemente la pregunta formulada, los quince candidatos que hayan recibido la mayor votaci6n, de acuerdo con el sistema de representaci6n proporcional, ser6n los electos para integrar la comisi6n. Esta redactar6 ila' Carta Municipal y sometera a la aprobaci6n de los electores del Municipio, no antes de los treinta dias de haberla terminado y repartido, ni despu6s del afio de elegida la Comisi6n.

El Municipio adoptar& uno de estos sistemas de gobierno: el de comisi6n; o el de ayuntamiento y gerente y el de alcalde y Ayuntamiento.

Articulo 201.-En el sistema de gobierno por comisi6n, el nfimero de comisionados, incluyendo entre ellos al Alcalde como Presidente, ser6 de cinco en los Municipios que tengan hasta veinte mil habitantes; de siete en los que tengan de veinte mil a cien mil; y de nueve en los mayores de cien mil habitantes.

Todos los comisionados ser6n elegidos directamente por el pueblo, por un periodo de cuatro afios. Cada comisionado ser6 jefe do un departamento de la organizaci6n municipal, del cual ser& responsable y estar6 encargado de cumplir y hacer cumplir en cuanto a su departamento los acuerdos adoptados por la comisi6n. La Ley fijar& los requisitos que deban exigirse al comisionado seg6un el departamento de que se trate.
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Conjuntamente, los comisionados integrarhn el cuerpo deliberativo del Municipio.
Articulo 202.-En el sistema de Ayuntamiento y gerente, habr6 ademhis un Alcalde que presidir6 el Ayuntamiento y ser6 el representante del pueblo en todos los actos oficiales o de car6cter social.
El gerente social ser6 un t6cnico o persona de reconocida capacidad en asuntos municipales y actuar6 como Jefe de Administraci6n Municipal con facultades para nombrar y remover los funcionarios y empleados del Municipio con observancia de lo establecido en esta Ley Constitucional.
El cargo se proveer6 por el Ayuntamiento, por t6rmino de seis afios, mediante concurso-oposici6n, ante un tribunal compuesto de los siguientes miembros: un profesor de Gobierno Municipal; un profesor de Derecho Administrativo; un Contador Piblico; y dos representantes del Municipio. El profesor de Derecho Administrativo y el de Gobierno Municipal ser6n nombrados por una Facultad universitaria de Ciencias Sociales; el Contador Piblico, por la Escuela de Comercio de la Provincia a que pertenezca el Municipio, y los representantes del Muniqipio, por el Ayuntamiento del T6rmino de que se trate.
Una vez nombrado el Gerente por el Ayuntamiento, a propuesta del tribunal calificador, no pcdr6 ser destituido sino por sentencia de la autoridad judicial competente, o por la voluntad popular, siempre de acuerdo con las causas y las formalidades que la Ley estab!ezca.
El Ayuntamiento estar6 integrado, en esta forma de gobierno, por seis concejales, cuando la poblaci6n del Municipio no exceda de veinte mil habitantes; por catorce, cuando sean superior a veinte mil y no exceda de cien mil; y por veintiocho, cuando sea superior a cien mil habitantes; todos elegidos directamente por el pueblo por un periodo de cuatro aflos.i
Articulo 203.-En el sistema de Alcalde y Ayuntamiento presidido por el Alcalde, tanto 6ste como los concejales ser6n elegidos directamente por eI pueblo por un periodo de cuatro aias. La Ley determinar6 la composici6n 'que haya de tener el Ayuntamiento y fijar6 las reglas seg'n las cuales los partidos'politicos deber6n siempre postular para dicho organismo representantes de los diversos intereses y actividades de la localidad.
Articulo 204.-El Alcalde, el Gerente y los Comisionados recibi-60-






.r6n del Tesoro Municipal una dotaci6n que podr6E ser alteradaen todo tiempo, pero que no surtir6 efecto sino despu6s que se verifique una nueva elecci6n de Alcalde, del Ayuntamiento o de la Comisi6n. El aumento en la dotdci6n de Alcalde estar6E subordinado al aumento efectivo en las recaudaciones municipales durante los dos i1ltimos iafios precedentes a la fecha en que deba hacerse efectivo. El cargo de Concejal podr& ser'retribuido cuando las condiciones econ6micas del Municipio lo permitan y los servicios p~iblicos est6n debidamente dotados y atendidos.
Articulo 205.- -Si faltare temporal ' definitivamente el Alcalde en cualquiera de los tres sistemas anteriormente sefialados, le sustituir& el Concejal o'Comisionado que a ese efecto habr& sido elegido en la primera sesi6n celebrada por el Ayuntamiento o la Comision.
Si Ia falta fuese del Gerente, el Ayuntamiento proceder& a Cubrir la vacante en la misma forma dispuesta para la provisi6n del cargo.
. Articulo 206.-Para ser Alcalde Municipal, Gerente, Comisionado, o Concejal, se requiere ser ciudadano cubano, tener veinti6n afios de edad y reunir los dem6is requisitos que sefiale Ia Ley. En cuanto al Alcalde se requeriri, ademdis, -no haber pertenecido al servicio activo de las Fuerzas Armadas de la Rep6blica durante los dos afios inmediatos anteriores a la fecha de su designaci6n como candidato.
Articulo 207.-La Ley podr& crear el Distrito Metropolitano de La Habana, federando con la ciudad capital los municipios que la. circundan, en el n~imero que la propia Ley determine.
Los Municipios federados tendr6n representaci6n directa en el Municipio del Distrito Metropolitano, conservando su organizaci6n democrttica y popular.
Articulo 208.-En los presupuestos municipales se consignarn para atenci6n de los barrios rurales las cantidades correspondientes do acuerdo con la sig\uiente escala gradual:
En los barrios rurales que contribuyan'de $ 100 a $ 1,000 el 35%
En los barrios rurales que contribuyan de $1,001 a $5,000 el 30%
En los barrios rurales que contribuyan de $5,001 a $10,000 el 25% En los barrios rurales que contribuyan de $10,001 en adelante el 20%.
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TITULO DECIMO TERCERO
SECCION UNICA
D el R6gimen Provincial
Articulo 209.-La Provincia comprendera los municipios situados dentro de su territorio. Cada provincia estar6 regida par un Gobernador y un Consejo Provincial.
El Gobernador ostentar6 la representaci6n de la Provincia. El Consejo Provincial es el Organo de orientaci6n y coordinaci6n de los intereses de la Provincia.
Articulo 210.-Las Provincias podr6n refundirse a dividirse para formar otras nuevas, o modificar sus limites, mediante acuerdo de los respectivos consejos provinciales y la aprobaci6n del Consejo de Ministros.
Articulo 211.-Para ser Gobernador se requiere:
a) Ser cubano par nacimiento o naturalizaci6n, y en este i'ltima caso, con diez alias de residencia en la Repilblica, contados desde la fecha de la naturalizaci6n.
b) Haber cumplido veinticinco aias de edad.
c) Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y politicos.
d) No haber pertenecido al servicio active de las Fuerzas Armadas de la Repiblica durante los dos aias inmediatos anteriores a la fecha de su designaci6n coma candidato.
Articulo 212.-E1 Gobernador recibir6 del Tesoro provincial una dotaci6n que podr6 ser alterada en todo tiempo, pero que no surtira efecto sine despu6s que se verifique nueva elecci6n de Gobernador.
El aumento en la dotaci6n del Gobernador estar6 subordinado al aumento efectivo de los ingresos provinciales durante los dos 6Itimos aias precedentes a la fecha en que deba hacerse efectivo.
Articulo 213.-Par si faltare temporal o definitivamente el Gobernador lo sustituir6 en el cargo el Alcalde de m~rs edad.
Articulo 214.-Corresponde al Gobernador de la provincia:
a) Cumplir y hacer cumplir, en los extremos que le conciernen,
las leyes, decretos y reglamentos de la Naci6n.
b) Publicar los acuerdos del Consejo Provincial que tenga fuerza obligatoria, ejecutdndolos y hacidndolos ejecutar, determinando las penalidades correspondientes a las infracciones cuando no hayan sido fijadas par el Consejo.
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c) Expedir 6rdenes y dictar adem6s las instrucciones y reglamentos para la mejor ejecuci6n de los acuerdos del Consejo
cuando 6ste no lo hubiere hecho.
Articulo 215.-Formar6n el Consejo Provincial los Alcaldes Municipales de la Provincia. Los Alcaldes podr6n concurrir a las sesiones del Consejo asistidos de peritos en cada uno de los servicios fundamentales de la comunidad, tales como administraci6n, salubridad y asistencia social, educaci6n y obras piablicas, los cuales tendr6n el car6cter de consultores tdcnicos del Consejo y podr6n ser oidos por 6ste, pero no tendr6n voto. El cargo de asesor t6cnico ser6 honorifico y gratufto.
Articulo 216.-El Gobernador tendr6 su sede en la capital de la Provincia, pero las sesiones del Consejo Provincial podr6n celebrarse indistintamente en la cabecera de cualquier T6rmino Muni-, cipal de la misnia, previo acuerdo del Consejo.
Articulo 217.-Los Consejos Provinciales se reunirn, por lo menos, una vez cada dos meses, sin perjuicio de las sesiones extraordinarias que podrcn celebrarse cuando las convoque el Gobernador, por si, o a instancia de tres o mhs miembros del Consejo Provincial.
Articulo 218.-Corresponde al Consejo Provincial:
a) Formar su presupuesto ordinario de ingresos y gastos y determinar Ia cuota que en proporci6n igual -en relaci6n con sus ingresos- deber6 aportar obligatoriamente cada Municipio para sufragar los gastos de la Provincia.
b) Prestar servicios p~iblicos y ejecutar obras de inter6s provincial, especialmente en los ramos de salubridad y asistencia social, educaci6n y comunicaciones, sin contravenir las
Leyes del Estado.
c) Acordai empr6stitos para realizar obras p~iblicas o planes
provinciales de car6cter social o econ6mico, y votar a la vez los ingresos permanentes necesarios para el pago de sus intereses y amortizaciones. No podr6 acordarse ningin empr6stito sin el informe previo, favorable, del Tribunal de Cuentas, y el acuerdo de las dos terceras partes de los
miembros del Consejo Provincial.
En el caso en que se acordaren nuevos impuestos para
el pago de la obligaci6n a que se refiere el'p6rrafo anterioi, ser6 necesario, adem6s, la votaci6n conforme, en una
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elecci6n de referendo, de la mitad m5s uno de los votas emitidos par los electores de Ia Provincia, sin que Ia votaci6n pueda ser inferior al treinta par ciento de los misrnos.
d) Nombrar y remover los empleados provinciales con arreglo
a esta Ley Constitucional y a Ia Ley.
Articulo 219.-A los efectos de lo dispuesto en el articulo anterior se tomar& como base para calcular los ingresos, la cifra pro: medio de los ingresos efectivos del quinquenio anterior.
Articulo 220.-Cuando las obras acordadas par el Consejo no sean de car6cter provincial, sina en inter6s de los Municipios, 4stos deber6n recibir eft beneficios una consignaci6n minima proporcional a sus cuotas contributivas.
Articulo 221.-El Consejo Provincial y el Gobernador deben acatamiento al Tribunal de Cuentas del Estado en materia de contabilidad, quedando obligadas a suministrarle todos los datas e informes que 6ste solicite, especialmente los reiativos a la formaci6n y liquidaci6n de los Presupuestos.
El Gobernador designar, en Ia oportunidad que le indique el Tribunal de Cuentas, un perito conocedor de la Hacienda Provincial para que asista al Tribunal en el examen de la contabilidad da la provincia.
Articulo 222.-Las dispesiciones sobre Hacienda Piblica contenidas en el tfitulo correspondiente de esta Ley Constitucional, ser6n aplicables a la Provincia, en cuanto sean compatibles con el r6gimen de la misma.
Articulo 223.-Los Consejeros Provinciales y el Gobernador ser6n respensables ante los tribunales de justicia, en Ia forma que Ia Ley prescriba, de los actos que realicen en el ejercicio de sus funciones. El cargo de Consejero Provincial es honorifico, gratuito y obligatorio.
Articulo 224.-La Ley organizar6 el principio de gobierno y de administraci6n provincial que se establecen en esta Ley Constitucional, de moda que responda al carccter adrninistrativo del Gobierno Provincial.
TITULO DECIMO CUARTO
Hacienda Nacional
SECCION PRIMERA
De los Bienes y Finanzas del Estado
Articulo 225.-Pertenecen al Estado, ademcs de los bienes de
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dominio piblico y de los suyos propios, todos los existentes en el territorio de la Repblica, que no correspondan a las provincias o a los municipios, ni sean, individual o colectivamente de propiedad particular.
Articulo 226.-Los bienes propios o patrimoniales del Estado s6lo podr5n enajenarse o gravarse con las siguientes condiciones:
a) Que el Consejo de Ministros lo acuerde par raz6n de necesidad o conveniencia social; y siempre par las dos terceras
partes de sus miembros.
b) Que la venta se realice mediante subasta piblica. Si se
trata de arrendamiento se proceder& segn disponga la Ley.
c) Que se destine el producto a crear trabajo, atender servicios o a satisfacer necesidades piblicas.
Podr6i sin embargo, par el Consejo de Ministros, acordarse la enajenaci6n o gravamen y realizarse sin el requisite de subasta piblica, cuando se "haga para desarrollar un plan econ6mico-nacional.
Articulo 227.-El Estado garantiza la deuda piblica, y en general, toda operaci6n que implique responsabilidad econ6mica para el Tesoro Nacional, siempre que se hubiese contraido de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley Constitucional y en la Ley.
SECCION SEGUNDA
Del Presupuesto
Articulo 228.-Todos los ingresos y gastos del Estado, con excepci6n de los que se mencionan m~s adelante, serin previstos y fijados en presupuestos anuales y s6lo regir6n durante el afio para el cual hayan side aprobados.
Se exept~ian de lo dispuesto en el pirrafo anterior los fondos, cajas especiales o patrimonios privados de los organismos autorizados par esta Ley Constitucional o par la Ley, y que est6n dedicados a seguros sociales, obras p~iblicas, fomento de la agricu'tura y regulaci6n de la actividad industrial agro-pecuaria, comercial o profesional y en general al fomento de la riqueza nacional. Estos fondos o sus impuestos serdn entregados al organismo aut6nomo y administrado par 6ste, de acuerdo con la Ley que los haya creado, sujeto a la fiscalizaci6n del Tribunal de Cuentas.
Los gastos del Poder Judicial, los del Tribunal de Cuentas y los de intereses y amortizaci6n de empr6stitos, y los ingresos con que
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hayan de cubrirse, tendr6n el carccter de permanentes y se incluir6n en el presupuesto fijo que regird mientras no sea reformado por el Consejo de Ministros.
Articulo 229.-A los efectos de la protecci6n de los intereses comunes y nacionales, dentro de cualquier rama de la producci6n, asi como de las profesiones, la Ley podr& establecer asociaciones obligatorias de productores determinando la forma de constituci6n y funcionamiento de los organismos nacionales y de los regionales que fueran necesarios, en forma tal que en todos los momenLos esten regidos por la mayoria de sus asociados con autoridad plena; concedi6ndoles asiimismo el derecho de subvenir a las necesidades de su acci6n organizada, mediante las cuotas que por ministerio de la propia Ley se impongan.
Los presupuestos de estos organismos o cooperativas ser6n fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.

Articulo 230.-El Consejo de Ministros no podr6 incluir en las leyes de Presupuestos disposiciones que introduzcan reforrnas legislativas o administrativas de otro orden, ni podr6 reducir o suprimir ingresos de carcicter permanente sin establecer al mismo tiempo otros que los sustituyan, salvo el caso en que la reducci6n o supresi6n corresponda a la reducci6n de gastos permanentes de igual cuantia; ni asignar a ninguno de los servicios que deban dotarse en el presupuesto anual cantidad mayor de la indicada en el proyecto del gobierno. Podr&, por medio de leyes, crear nuevos servicios o ampliar los existentes.
Toda Ley que origine gastos fuera del Presupuesto, o que represente en el porvenir erogaciones de esa clase, deberi establecer, bajo pena de nulidad, el medio de cubrirlos en cualquiera de estas formas:
a) Creaci6n de nuevos ingresos.
b) Supresi6n de erogaciones anteriores.
c) Comprobaci6n cierta del supervit o sobrante por el Tribunal de Cuentas.
Articulo 231.-El estudio y formaci6n de los presupuestos anuales del Estado corresponde al Poder Ejecutivo; su aprobaci6n o modificaci6n al Consejo de Ministros, dentro de los limites establecidos en esta Ley Constitucional. En caso de necesidad perentoria, el Consejo de Ministros, por medio de una Ley, podr& acordar un presupuesto extraordlnario.
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El Poder Ejecutivo presentar6 al Consejo de Ministros el proyecto de presupuesto anual sesenta dias antes de la fecha en que deba comenzar a regir. El Presidente de la RepAblica y especialmente el Ministro de Hacienda, incurrir6n en la responsabilidad que la Ley determine si el presupuesto Ilega al Consejo de Ministros despu6s de la fecha antes fijada.
Si el presupuesto general no fuera acordado antes del primer dia del afio econ6mico en que deba regir, se entender6 prorrogado par trimestre conjunfamente con la Ley de Bases el que haya venido rigiendo. En este caso, el Poder Ejecutivo no podr6 hacer m6s modificaciones que las derivadas de gastos ya pagados, o de servicios o gastos no necesarios en el nuevo ejercicio fiscal.
Las atenciones del presupuesto ordinario serhn cubiertas necesariamente con ingresos de este tipo previstos en el mismo, sin que en ninglin caso puedan cubrirse con ingresos extraordiriarios, a no ser que lo autorice asi una Ley.
El presupuesto ordinario seri ejecutivo con la sola aprobaci6n del Consejo de Ministros que lo harc publicar inmediatamente.
Articulo 232.-Los presupuestos contendrn en la parte de egresos, epigrafes en que se haga constar: a) El montante absoluto de las responsabilidades legitimas del
Estado, liquidadas y no pagadas, correspondientes a presupuestos anteriores.
b) La proporci6n de ese montante que se satisfar6 con los ingresos ordinarios correspondientes al nuevo presupuesto.
La Ley de Bases estableceri en cuanto a los incisos anteriores, necesariamente, las reglas relativas a la forma en que habr6 de prorratearse entre los acreedores con cr6ditos liquidados, la cantidad o cantidades que se fije para pagos durante la vigencia del presupuesto.
Articulo 233.-Los cr6ditos consignados en el estado de gastos;
- del presupuesto fijarcn las cantidades mxximas destinadas a cadcr servicio, que no podrcn ser aumentadas ni transferidas por el Pader Ejecutivo sin autorizaci6n previa del Consejo de Ministros.
El Poder Ejecutivo podri, sin embargo, conceder bajo su responsabilidad cr6ditos o suplementos de cr6ditos en los siguientes casos:
a) Guerra o peligro inminente de ella.
b) Grave alteraci6n del orden piblico.
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c) Calamidades' pfiblicas.
La tramitaci6n de estos cr6ditos se determinar6 por la Ley.
Articulo 234.-El Poder Ejecutivo tiene la obligaci6n de rendir anualmente las cuentas del Estado. A ese fin, el Ministro de Hacienda liquidar el presupuesto anual dentro de los tres meses siguientes a su expiraci6n y, previa aprobaci6n por el Consejo de Ministros, enviari su informe con los datos y comprobantes necesarios, al Tribunal de Cuentas. Este dictaminar& sobre el informe dentro de los tres meses siguientes y en ese plazo, y sin perjuicio de la efectividad de sus acuerdos, comunicar6 al Consejo de Ministros y al Poder Ejecutivo las infracciones o responsabilidadas en que a su juicio se haya incurrido. El Consejo de Ministros sex&, en definitiva, el que apruebe o rechace las cuentas.
Los creditos presupuestados para gastos imprevistos de la administraci6n s6lo podr6rn ser invertidos, en su caso, previo acuerdo del Consejo de Ministros.
El Poder Ejecutivo remitiri al Consejo de Ministros, mensualmente los balances correspondientes a los ingresos y gastos del Estado.
Articulo 235.-El Poder Ejecutivo impedir& la duplicidad de servicios y la multiplicidad de agencias oficiales o semi-oficiales dotadas total o parcialmente por el Estado para la realizaci6n de sus fines.
Articulo 236.-Nadie estar& obligado al pago de impuesto, tasa o contribuci6n alguna que no haya sido establecido expresamente por la Ley o por los Municipios, en la forma dispuesta por esta Ley Constitucional y cuyo importe no vaya a formar parte de los ingresos del presupuesto del Estado, la Provincia o el Municipio, salvo que se disponga otra cosa en esta Ley Constitucional o en la Ley.
No se considerar6n comprendidas en la disposici6n anterior las contribuciones o cuotas impuestas por la Ley con carccter obligatorio a las personas o entidades integrantes de una industria, comercio o profesi6n, en favor de sus organismos reconocidos por la Ley.
Articulo 237.-El Estado, sin perjuicio de los dem6s medios a su alcance, regulari el fomento de la riqueza nacional mediante la ejecuci6n de obras p~iblicas pagaderas, en todo o en parte, por los directamente beneficiados. La Ley determinar& la forma y el pro-68-






cedimiento adecuados para que el Estado, la Provincia a el Municipio, por iniciativa propia a acogiendo la privada, promuevan la ejecuci6n de tales obras, otorguen las concesiones pertinentes, autoricen la fijaci6n, el repartimiento y la cobranza de impuestos para esos fines.
Articulo 238.-La liquidaci6n de cada cr6dito proveniente de fondos del Estado pgra la ejecuci6n de cualquier obra a servicio piiblico, ser6 publicada integramente en la GACETA OFICIAL de la Repibblica, tan pronto haya obtenido la superior aprobaci6n del Ministerio correspondiente.
El acta de recepci6n ya sea parcial, total, provisional o definitiva, de toda obra piblica ejecutada total a parcialmente con fondos provenientes del Estado, ser6 publicada en la GACETA OFICIAL de la Repiblica, tan pronto haya obtenido la aprobaci6n superior del Ministerio correspondiente.
Tanto la liquidaci6n de los cr6ditos provenientes de los fondos del Estado, como las recepciones definitivas de las oblas ejecutadas por contrata a administraci6n, sufragadas parcial a totalmente con fondos provenientes del Estado, ser6n sometidos a la aprobaci6n superior dentro de los sesenta dias naturales despu6s de terminadas las obras, sin perjuicio de las liquidaciones y recepciones parciales que se consideren procedentes por la administraci6n durante el proceso de ejecuci6n de las obras., SECCION TERCERA
Del Tribunal de Cuentas
Articulo 239.--El Tribunal de Cuentas es el organismo fiscalizador de los ingresos y gastos del Estado, la Prvincia y el Municipio. y de las organizaciones aut6nomas nacidas al amparo de la Ley que reciban sus ingresos, directa a indirectamente, a trav6s del Estado. El Tribunal de Cuentas s6lo depende de la Ley, y sus conflictos con otros organismos se someter6n a la resoluci6n del Tribunal Supremo de Justicia.
Articulo 240.-El Tribunal de Cuentas estard compuesto por siete miembros, cuatro de los cuales ser6n abogados y tres contadores p iblicos a profesores mercantiles. Tambi6n podr6 ser designado afin sin ser abogado o contador cualquier persona que est6 comprendida en el inciso d) del articulo siguiente. Los abogados deber6n reunir los mismos requisitos que se exigen para ser miembra del Tribunal Supremo. Los contadores ptblicos a profesores
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mercantiles deber6n ser mayores de treinta y cinco afios, cubanos par nacimiento y tener no menos de diez afios de ejercicio de su profesi6n.
El pleno del Tribunal Supremo designar6 dos de los abogados que ser6n el Presidente y el Secretario del Tribunal.
El Presidente de la Repiblica designar6 un miembro abogado y uno contador pdblico o profesor mercantil.
El Consejo de Ministros designard un miembro abogado y uno contador pfiblico o profesor mercantil.
El Consejo Uhiversitario designar6 un miembro contador pdblico o profesor mercantil.

-Los miembros del Tribunal de Cuentas desempefiar6n sus car. gos por un periodo de ocho afios y s6lo podr6n ser separados dentro de este periodo por el Tribunal de Garantias Constitucionales y Sociales del Tribunal Supremo de Justicia de la Repdblica, previo expediente y resoluci6n razonada.

Los miembros del Tribunal de Cuentas no podr6n formar parte de ning~in otro organismo oficial o aut6nomo que dependa, directa o indirectamente, del Estado, la Provincia o el Municipio, ni podr6n ejercer profesi6n, industria o comercio.

Articulo 241.-Para ser miembro del Tribunal de Cuentas se requiere:
a) Ser cubano por nacimiento.
b) Haber cumplido treinta y cinco afios de edad.
c) Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y politicos
y no tener antecedentes penales.
d) Ser abogado con diez afios de ejercicio; haber sido Ministro, a Secretario, o Subsecretario de Hacienda; Interventor General de la Repfiblica, Tesorero o Jefe de Contabilidad del Ministerio de Hacienda; Catedr6tico de Economia, Hacienda, Intervenci6n y Fiscalizaci6n o de Contabilidad en establecimiento oficial de ensefianza; o poseer titulo de contador piblico o profesor mercantil con diez afios de ejercicio.
Los miembros del Tribunal de Cuentas no podr6n tener
inter6s material, directo o indirecto, en ninguna empresa agricola, industrial, comercial o financiera conectada con
el Estado, la Provincia o el Municipio.
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Articulo 242.-El Tribunal de Cuentas nombrar& interventores, funcionarios, empleados y auxiliares, mediante prueba acreditativa de capacidad.
Articulo 243.-Son atribuciones del Tribunal de Cuentas:
a) Velar por la aplicaci6n de los presupuestos del Estaclo, la
Provincia y el Municipio y de los organismos aut6nomos que reciban sus ingresos directa o indirectamente a travs del Estado, examinando y fiscalizando la contabilidad de todos ellos.
b) Conocer de las 6rdenes de adelanto del Estado para aprobar la situaci6n de fondos con vista del presupuesto, de manera que se cumplan las disposiciones de la Ley de Bases
y que se tramiten sin preferencias ni pretericiones.
c) Inspeccionar en general los gastos y desembolsos del Estado, la Provincia y el Municipio tanto para la realizaci6n de obras, como para suministros y pago de personal y las subastas hechas con ese fin. A este efecto podr6 incoar expendientes para comprobar si los pagos realizados corresponden efectivamente por las instituciones oficiales bajo su supervisi6n, debiendo comprobar por medio de los expedientes correspondientes para fijar el costo promedio por unidad de obra y el valor promedio de los suministros que el Estado deba percibir de acuerdo con el mercado. Asimismo podr& tramitar todas las denuncias que se formulen con este motivo y rendir un informe anual al Presidente de la Rep iblica en relaci6n con la forma en que se han realizado los gastos de las instituciones bajo su fiscalizaci6n, para que 6ste lo envie con sus respectivas observaciones al
Consejo de Ministros.
d) Pedir informe a todos los organismos y dependencias sujetos a su fiscalizaci6n y nombrar delegado especial para practicar las correspondientes investigaciones cuando los datos no sean suministrados, o cuando 6stos se estimen deficientes.
El Tribunal estari obligado a rendir informaci6n detallada al Poder Ejecutivo y al Consejo de Ministros, cuando sea requerido al efecto, sobre todos los extremos concernientes a su actuaci6n.
e) Rendir anualmente un inform6 con respecto al estado y administraci6n del tesoro piblico, la moneda nacional, la deuda pfiblica y el presupuesto y su liquidaci6n.
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f) Recibir declaraci6n bajo juramento o prornesa a todo ciudadano designado para desempefiar una funci6n piiblica, antes de tomar posesi6n y al cesar en el cargo, acerca de los bienes de fortuna que posea, y realizando al efecto las
investigaciones que estime procedentes.
La Ley regular& y deterrninar& la oportunidad y forma de
ejercer esta funci6n.
g) Dar cuenta a los tribunales del tanto de culpa que resulte
de la inspecci6n y fiscalizaci6n que realice en relacion con las facultades que le han sido concedidas por los incisos anteriores, y, dictar las instrucciones oportunas en los casos de infracciones en que no hubiere responsabilidad penal, para el mejor cumplimiento de las leyes de contabilidad por todos los organismos sujetos a su fiscalizaci6n.
h) Publicar sus informes para general conocimiento.
i) Curnplir los dem6s deberes que le sefialan la Ley y los
Reglamentos.
SECCION CUARTA
De ]a Economia Nacional
Articulo 244.-El Estado orientar6 la econorma nacional en beneficio del pueblo para asegurar a cada individuo una existencia decorosa.
Serc funci6n primordial del Estado fomentar la agricultura e industria nacionales, procurando su diversificaci6n como fuentes de requiza p-dblica y beneficio colectivo.
Articulo 245.-El dominio y posesi6n de bienes inmuebles y la explotaci6n de empresas o negocios agricolas, industriales, cornerciales, bancarios y de cualquier otra indole por extranjeros, radicados en Cuba, o que en Cuba realicen sus operaciones aunque radiquen fuera de ella, est6n sujetos de un modo obligatorio a las mismas condiciones que establezca la Ley, para los nacionales, las cuales debercin responder, en todo caso, al interns econ6mico-social de la naci6n.
Articulo 246.-El incremento del valor de las tierras y de la propiedad inrnueble, que se produzca sin esfuerzo del trabajo o del capital privado y inicarnente por causa de la acci6n del Estado, la Provincia o del Municipio, ceder c en beneficio de 6stos la parte proporcional que determine la Ley.
Articulo 247.-Ser6in nulas las estipulaciones de los contratos de
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arrendamiento, colonato o aparceria de fincas risticas que impongan la renuncia de derechos reconocidos en esta Ley Constitucional o en la Ley, y tambi6n cualesquiera otros pactos que 6sta o los Tribunales declaren abusivos.

Al regular dichds contratos se establecer6n las normas adecuadas para tutelar las rentas, que ser~n flexibles, con mnximo y minimo seg in el destino, productividad, ubicaci6n y dem6s circunstancias del bien arrendado, para fijar el minimo de duraci6n de los propios contratos segn dichos elementos, y para garantizar al arrendatario, colono o aparcero, una compensaci6n razonable por el valor de las mejoras y bienhechurias que entregue en buen estado y que haya realizado a sus expensas con el consentimiento expreso o t6cito del duefio o por haberlas requerido la explotaci6n del inmueble dado su destino.

El arrendatario no tendr& derecho a dicha compensaci6n si el contrato termina anticipadamente por su culpa, ni tampoco cuando rehuse la pr6rroga que se le ofrezca bajo las mismas condiciones vigentes al ocurrir el vencimiento del contrato.

Tambi~n regular c la Ley los contratos de refacci6n agricola y de molienda de cafias, asi como la entrega de otros frutos por quien los produzca, otorgando al agricultor la debida protecci6n.

Articulo 248.-La Ley regular la siembra y molienda de la cafia por administraci6n, reduci6ndolas al limite minimo impuesto por la necesidad econ6mica-social de mantener la industria azucarera sobre la base de la divisi6n de los dos grandes factores que concurren a su desarrollo; industriales o productores de aziicar y agricultorbs o colonos, productores de cafia.

Articulo 249. -Ser6n nulas y carecer&n de efecto las leyes y disposiciones creadoras de monopolios privados, o que regulen el comercio, la industria y la agricultura en forma tal que produzca ese resultado. La Ley cuidar6 especialmente de que no sean monopolizadas en interns particular las actividades comerciales en los centros de trabajos agricolas e industriales.

Articulo 250.-Los servicios "piblicos, nacionales o locales, se considerar~n de inter6s social. Por consiguiente, tanto el Estado como la Provincia y el Municipio, en sus casos respectivos, tendr6n el derecho de supervisarlos, dictando al efecto las medidas necesarias.


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Articulo 251.-No se gravar6 con impuesto de consumo la materia prima nacional que, sea o no producto del agro, se destine a la manufactura o exportaci6n.
Tampoco se establecer6 impuesto de consumo sobre los productos de la industria nacional, si'no pueden gravarse en igual forma los mismos productos, sus similares, o sustitutos importados del extranjero.
Articulo 252.-El Estado mantedr6 la independencia de las instituciones privadas de previsi6n y cooperaci6n social que se sostienen normalmente sin el auxilio de los fondos p iblicos, y contribuir6c al desenvolvimiento de las mismas mediante la legislaci6n adecuada.
Articulo 253.-La moneda y la banca estar6n sometidas a Ia regulaci6n y fiscalizaci6n del Estado.
El Estado mantiene la independencia de las entidades aut6nomas del sistema bancario creado por la Ley para el mejor desarrolo de la economia del pais.
TITULO DECIMO QUINTO
CAPITULO PRIMERO
De las Elecciones y de los Partidos Politicos
Articulo 254.-Se sefiala el tercer domingo de noviembre de 1953 como fecha para ia celebraci6n de las elecciones generales.
Articulo 255.-Se deroga el C6digo Electoral con excepci6n de los preceptos que regulan la existencia de los organismos de la jurisdicci6n electoial; y extinguidos los derechos de las- organizaciones politicas establecidas a su amparo.
Dentro de los sesenta dias siguientes a la promulgaci6n de esta Ley Constitucional, el Consejo de Ministros, determinar6, como adici6n a la misma, las magistraturas a cubrir, en las elecciones generales que se convoquen, asi como sus t6rminos y forma de renovaci6n de las mismas. Tambi6n se dirigir6 al Tribunal Superior Electoral solicitando de ese organismo el estudio y confecci6n de un proyecto de C6digo Electoral que regir6 para las pr6ximas elecciones generales. Recibido este proyecto el Consejo de Ministros proceder6 a su estudio, discusi6n y aprobaci6n.
Articulo 256.-El Consejo de Ministros elaborar6 un proyecto de reforma del texto constitucional de 1940, que seri sometido a
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referendum en las propias elecciones generales convocadas. Si ese proyecto de reforma fuere rechazado, la Constituci6n de 1940 comenzar& a regir nuevamente, en la propia fecha en que tome posesi6n de la Presidencia de la Repfiblica el Primer Mandatario electo en las pr6ximas elecciones generales.
CAPITULO SEGUNDO
De la Reforma de esta Ley Constitucional
Articulo 257.-Esta Ley Constitucional podr& ser reformada por el Consejo de Ministros con un qu6rum de las dos terceras paites de sus miembros.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS AL TITULO SEGUNDO
Unica: Los extranjeros comprendidos en los incisos uno, dos cuatro y cinco del articulo sexto de la Constituci6n de mil novecientos uno, conservar6n los derechos alli reconocidos, siempre que cumplan los requisitos correspondientes.
AL TITULO CUARTO
Primera: Mientras no se promulgue la Ley que establezca las sanciones correspondientes a las violaciones del articulo 20 de esta Ley Constitucional, se considerar6 previsto y penado en el articulo doscientos diez y ocho del C6digo de Defensa Social.

Segunda: Cuando se trate de leyes que surtan efecto sobre obligaciones de car6cter civil, los articulos veintid6s y veintitr6s s6lo se observar6n respecto de las que se promulguen despu6s de regir esta Ley Constitucional.

Tercera: Respecto de las obliqaciones civiles que fueron objeto de los Decretos-Leyes 412, 423 y 594 de 1934, modificados por la Ley de 3 de septiembre de 1937, cualquiera que sea actualmente su estado legal o contractual y disfruten o no de la moratoria, y tambidn respecto de las posteriores al 14 de agosto de 1934 y anteriores, al 4 de septiembre de 1937, pero tan s6lo cuando estas iiltimas se refieran al pago de cantidades procedentes o derivadas del precio aplazado de colonias de cafias, ingenios de fabricar azficar o acciones representativas del dominio de bienes de una u otra clase, o asi se deduzca del conjunto de los contratos, pactos o acuerdos entre acreedor y deudor, sean cuales fueren la naturaleza y forma de las garantias, el cumplimiento de dichas obligaciones se regir& por las siguientei Reglas:

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lra.-Los capitales que no excedan de mil pesos deber6n quedar amortizados en treinta de junio de mil novecientos sesenta.
Los capitales comprendidos entre mil y cincuenta mil pesos, deber6n quedar amortiguados en treinta de junio de mil novecientos sesenta y cinco; y en igual dia de mil novecientos setenta, si es mayor de cincuenta mil pesos. De estar la obligaci6n representada par bones, c6dulas, obligaciones-o pagar6s se considerar& capital a tados los efectos de esta Transitoria el importe total de los valores nominales representados par los que estaban en circulaci6n en catorce de agosto de mil novecientos treinta y cuatro o el tres de septiembre de mil novecientos treinta y siete, segin la obligaci6n de que se trate, y se les imputar6n los pagos de amortizaci6n par el orden de sus respectivos vencimientos anuales, seg in el contrato originario o prorrata si tuvieren el mismo vencimiento. Las amortizaciones ser6n exigibles par anualidades, a pagar la primera en treinta de junio de mil novecientos cuarenta y dos, pero de no haber decursado en esa fecha el plazo convenido par las partes, dicha primera anualidad ser6 pagadera el dia treinta de junio que siga al vencimiento del aludido plazo. En todos los casos, el capital adeudado deber6 distribuirse entre las correspondientes anualidades de amortizaci6n en forma progresiva, a fin de que conjuntamente con los intereses, integre pagas anuales aproximadamente iguales al combinarse los exigibles par ambos conceptos, y de manera que el acreedor quede totalmente satisfecho al vencer el plazo determinado par la cuantia de la deuda, segiin antes se establece.
Los capitales correspondientes a censos, quedan exceptuados de las disposiciones de esta regla.
2da.-Las obligaciones a que se refiere el p6rrafo inicial de esta Transitoria en cuanto afecten a personas naturales o juridicas duefias de ingenios' de fabricar az~icar coma deudoras o fiadoras, estar6n sujetas tambi6n a lo establecido en las Reglas Primera y Segunda, siempre que tales obligaciones respondan a adeudos especificamente contraidos con garantia directa o indirecta de ingenies para fabxicaci6n de azicar o con colonias de cafias o procedan de suministros, refacci6n, rentas o servicios debidos par dichos ingenios; pero el monto de los pagas anuales que se le podr6 exigir imputables, primero a los intereses y despu6s a la amortizaci6n de los capitales, estar6 limitado segin las bases siguientes:
a) Cuando la libra de azilcar centrifuga de guarapo en almacan del puerto se cotice a menos de 1.40 centavos par
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libra cubana como promedio durante la zafra, por cuenta de la anualidad a vencer en treinta de junio siguiente, no se les podr6L exigir ningin pago y las sumas que correspondan a amortizaci6n e intereses por dicha anualidad se cubrir6n con los pagos que en lo adelante resulten exigibles.
b) Si el precio promedio del azicar rebasa el indicado limi.
te, deber6 destinar a tales pagos, sean los correspondientes a la anualidad en curso o los que hayan quedado insolutos conforme a la base anterior, el tres por ciento del valor bruto de los azicares crudos que hayan elaborado dentro de la zafra en que ello ocurra, mientras aqu6l no exceda de 1.50 centavos por libra; pues de 1.50 centavos a 2 centavos, se aumentar6 en cuatro cent6cimas de un uno por ciento por cada cent6sima de centavo que aumente el precio promedio de la libra de azcar.
c) Las cantidades aplicables a intereses, o en su caso a capitales, se prorratear6in entre los distintos acreedores, si fuere necesario, de acuerdo con las cantidades que respectivamente tengan derecho a percibir segin la presente Transitoria.
d) Cuando en cualquier zafra el precio promedio oficial llegue a dos centavos por libra o m6s, se aplicar6 el cinco por ciento del valor del az icar producido en esa zafra correspondiente al ingenio o sea con exclusi6n de los necesarios para pagar el precio de las cafias molidas como una amortizaci6n extraordinatia para el afio de que se trate, y un diez por ciento adicional'en lugar del cinco por ciento cuando el precio exceda de 2.50 centavos, sin que tales amortizaciones extraordinarias eliminen la obligaci6n de las amortizaciones exigibles que debe efectuar el deudor.
e) Al vencer el plazo determinado por la Regla Primera, el
acreedor tendr6 derecho a reclamar todo lo que se le adude por capital e intereses exigibles segn esta Transitoria.

3ra.-Respecto de las obligaciones procedentes o derivadas del precio aplazado de solares comprados a plazos, antes del quince de agosto de mil novecientos treinta y cuatro, cualquiera que sea el capital debido, la amortizaci6n se efectuar6 en treinta afios, como excepci6n a lo dispuesto sobre esos extremos en las Heglas Primera y Segunda, que en lo dem6s les ser6n aplicables, y en ning in caso se pagar6 inter6s.
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Esta Regla s6lo se aplicar6 a solares cuyo precio aplazado no pase de tres mil pesos.
En el caso de ejecuci6n de un solar vendido a plazos por falta de pago del precio se tasar& dentro del procedimiento judicial el valor de las edificaciones construidas en 61 por el comprador o sus causahabientes, deduci6ndose de la suma fijada el valor que racionalmente corresponda al uso y disfrute de dichas edificaciones. La cantidad neta quo resulte de la tasaci6n asi'practicada, se abonarhc al deudor por el rematador o el acreedor, segin sea el caso, en concepto de indemnizaci6n antes de que se le tramita el dominio de los bienes.
La excepci6n a que se refiere el p6rrafo segundo de esta Regla no regir6 en cuanto a las obligaciones a que la misma se refiere, siempre que el solar asi adquirido est6 enclavado en centros de poblaci6n no menores de veinte mil habitantes.
4ta.-Como complemento de lo que establecen las tres Reglas anteriores se aplicar6in las disposiciones de los Decretos-Leyes 412 y 594, de 1934, segin quedaron modificados por la Ley de Coordinaci6n Azucarera de 3 de septiembre de 1937; pero sin alterar lo establecido en dichas Reglas y sin perjuicio do 16 dispuesto en ]a Ley de 10 de julio de 1939.
5ta.-Con relaci6n a las obligaciones moratoriadas por el Decreto-Ley 423 de 1934, segin qued6 modificado por Ley de 3 de septiembre de 1937, y tambi6n en cuanto a las deudas por precio aplazado de colonias de cafla, posteriores.al 14 de agosto de 1934 y anteriores al 4 de septiembre de 1937, se olservar& lo dispuesto por dichos textos legales en lugar de aplicar las precedentes Reglas; pero la moratoria que los mismos establecen se entender6 prorrogadct hasta el treinta de junio de mil novecientos sesenta, en los propios t6rminos que actualmente rigen. Igual tratamiento se aplicar6 a las hipotecas de fincas risticas dedicadas al cultivo de la calia de azicar comprendidas en el p&rrafo inicial de esta Disposici6n Transitoria, en cuanto al 3 de septiembre de 1937 resultare acreedora por raz6n de las mismas, la persona natural o juridica, duefia, arrendataria o usufructaria del ingenio de fabricar azicar al cual est6n vinculadas la colonia o colonias fomentadas en la finca de que se trate, pero se observar6 adem6s, respecto de tales cr6ditos hipotecarios lo dispuesto en ]a precedente Regla Segundo.
6ta.-Cuando se trate de cr6ditos pignoraticios comprendidos en esta Transitoria y el acreedor prendario hubiese reservado pa-78-






ra si o limitado al duefio de las acciones el derecho a vbtar par las pignoradas, se observar6n estas normas:
a) El acreedor no podr6 votar par dichas acciones en forma
que produzca, directa o indirectamente, en perjuicio de la compafifa o del duefio de las acciones, la prdida o disminuci6n de cualquiera de los beneficios que esta Transitoria les concede, ni compeler a los duefios de las mismas a votar
de manera que se produzcan esos resultados.
b) El accionista podr& votar en la forma dispuesta par los estatutos de la compafiia para celebrar contratos de venta, arrendamiento a cualesquiera otras opqraciones relativas a los bienes de la misma, asi coma tomar dinero a pr6stama con garantia real de los propios bienes, siempre que queden asegurados los derechos del acreedor prendario, segimn quedan regulados en esta Transitoria; y a ese fin noser6 necesario que el duefio de las acciones pignoradas exhiba materialmente las acciones en la junta o juntas donde se adopten esos acuerdos, siempre que acredite su caricter de tal y la cantidad de acciones poseidas, con los libros de
la compafifa o mediante los documentos que presente.
7ma.-Lo dispuesto en las Reglas anteriores no se aplicari respecto a aquellas obligaciones que a virtud de procedimiento judicial o extrajudicial encaminado a hacerlas efectivas o exigir su cumplimiento hayan producido con anterioridad a la fecha de la promulgaci6n de esta Transitoria, la adjudicaci6n de la totalidad de los bienes gravados a favor del acreedor o do un tercero, salvo en el caso de que par sentencia firme de los tribunales ordinarios se haya declarado o se declare la nulidad de la adjudicaci6n. De haber' producido tan s6lo la adjudicaci6n de parte de los M!enes, se observar6 esta Regla con relaci6n a los adjudicados, y !as demcs respecto a la parte de la obligaci6n legalmente exigible todavia, la cual se considerar& dividida a los efectos de esta Transitoria, en tantas obligaciones cuantos sean los deudores hipotecarias, o los bienes individualmente gravados.
Cuando se trate de cr6ditos hipotecarios sobre fincas urbanas comprendidos en el Titulo Tercero del Decreto-Ley nimero 412 de 14 de agosto de 1934, y entre acreedor y deudor hayan mediado convenios posteriores a la promulgaci6n del mismo. tales obligaciones quedarcin excluidas de esta Transitoria, siempre que exista constancia par escrito y el deudor continue disfrutando fntegramente de los beneficios que se le otorgaron mediante dichos convenios.
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Se aplicar6 a los pagos que proceda hacerse con arreglo a esta Disposici6n, cualquier cantidad que se hubiese pagado en exceso de la que correspondiera abonarse de ocuerdo con los Decretos-Leyes 412 y 594 de 1934, siempre que el deudor no hubiese recibido ningim beneficio en compensaci6n a dicho pago en exceso.
8va.-Las obligaciones aseguradas con prendas con anterioridad al 4 de septiembre de 1937, finicamente podr6n hacerse efectivas sobre los bienes especificamente gravados en el contrato, extingui6ndose, en su consecuencia la acci6n personal contra los deudores o sus fiadores.
9na.-No obstante lo dispuesto en el p6rrafo inicial de esta Disposici6n Transitoria, respecto de las deudas contraidas por el concepto de precio aplazado de ingenios o colonias de cala comprados entre el quince de agosto de mil novecientos treinta y cuatro y el tres de septiembre de mil novecientos treinta y siete, el plazo para la amortizaci6n se rebajar6 en una cuarta parte, sin que la rebaja pueda exceder de cinco afios; pero en todo lo dem6s se aplicar6n tambi6n a dichas deudas las anteriores Reglas.
l0ma.-En los casos en que cualquier acreedor se hiciere cargo de un ingenio de fabxicar aziicar para hacerse pago de cualquier cr6dito de los comprendidos en esta Moratoria, o de cualquier otra deuda, ser6 requisito indispensable para ello que previamento se obligue a continuar oper6ndolo en cada zafra azucarera, de haber realizado el mismo las dos anteriores a Im fecha del remate. El Poder Ejecutivo adoptar6 las medidas procedentes para asegurar el cumplimiento de esa obligaci6n.
1 lma.-Se aplicar6 tambi6n lo dispuesto en esta disposici6n Transitoria a las obligaciones contraidas antes del cQtorce de agosto de mil novecientos treinta y cuatro como deudores par personas naturales o juridicas que, a la promulgaci6n de la misma, resulten a su vez, acreedoras pur raz6n de cr6ditos sometidos a las anteriores Reglas, siempre que las comprenda el Titulo Cuarto del Decreto-Ley ntmero 412 de 1934, o garanticen el cumplimiento de tales obligaciones gravando a la seguridad de los mismos, cr6ditos hipotecarios de los sujetos a la liquidaci6n segn dichas Reglas, par lo menos con un monto igual a la suma necesaria para que la garantia asif prestada cubra cuando les sea exigible por capital e intereses, de acuerdo 'con esta propia Disposici6n Transitoria y en virtud de la presente Regla.
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12ma.-Quedan excluidas de los beneficios de estas Moratorias;
a) Las obligaciones exceptuadas en el Articulo cincuenta y nueve del Decreto-Ley n1imero 412 de 14 de agosto de 1934.
b) Las hipotecas constiuidas para-garantizar dep6sitos, afianzamientos administrativos o judiciales, albaceazgos y usufructos.
c) Las obligaciones del Estado, la Provincia y el Municipio como deudores.
d) Las contraidas por los aseguradores o lo's patronos en virtud de pensiones o indemnizaciones provenientes de la Ley
de Accidentes del Trabajo.
e) Las obligaciones contraidas por las empresas de servicios
pfiblicos que tengan por-funciones de su instituto, suministros'de energia el6ctrica, gas, agua o servicios telef6nicos, aunque como organizaciones subsidiarias anexas o dependientes de ellas tengan derechos dominicos sobre inqenios
de fabricar azficar o colonias de cafias.
Lo dispuesto en el inciso e) de esta Regla, respecto a compafiias de servicios p iblicos, no ser6 de aplicaci6n a las empresas que tengan un capital inferior a cien mil pesos y no sea a su vez dependiente, anexa o subsidiaria de otras empresas.
Cuarta: Mientras las eyes no dispongan lo contrario el Ministerio de Gobernaci6n regular& el tr6mite para la obtenci6n de los permisos y autorizaciones legales para el ejercicia del derecho contenido en el Articulo 37 de la Ley Constitucional.
AL TITULO QUINTO
SECCION SEGUNDA
Unica: Todos los bienes muebles e inmuebles que le fueron asignados a la Universidad de La Habana cuando le fu6 concedida la autonomia por el Decreto nfimero dos mil cincuenta y nueve de seis de octubre de mil novecientos treinta y tres, publicado en la GACETA OFICIAL del dia nueve siguiente, asf como los demhs bienes y derechos que por legado, donaci6n, herencia o por cualquier otro titulo de adquisici6n le correspondan, formar6n su patrimonio como persona juridica y se inscribir6n en los correspondientes Registros, libres de todo pago por concepto de derechos.
Mientras el patrimonio universitario no rinda recursos anuales para Ia dotaci6n suficiente de Ia Universidad de La Habana, la cantidad con que el Estado contribuir6 al sostenimiento de la misma,
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de acuerdo don el Articulo cincuenta y tres de esta Ley Constitucional, ser6 el dos y un cuarto por ciento de la suma total de gastos incluidos en dichos presupuestos, con excepci6n de las cantidades destinadas al pago de la deuda exterior.
Esta cantidad ser6i distribuida proporcionalmente entre las distintas Facultades de la Universidad, tomando coma base el nmiero de alumnos que aspiran a los titulos que otorgue cada Facultad y las necesidades de sus respectivas ensefianzas.

AL TITULO SEXTO
SECCION PRIMERA
Primera: La participaci6n preponderante del cubano por nacimiento en el trabajo, establecida par esta Ley Constitucional, no podr6 ser inferior a la garantizada por la Ley de ocho de noviembre de mil novecientos treinta y tres.
Segunda: Los derechbs adquiridos por los trabajadores cubanos par nacimiento," con anterioridad a la promulgaci6n de esta Ley Constitucional, al amparo de las leyes de nacionalizaci6n del trabajo promulgadas con fecha ocho de noviembre de mil novecientos treinta y tres son irrevocables.
Tercera: El Gobierno de la Repiblica proceder6 a reglamentar en un plazo no menor de un aio, la foima de expulsi6n de todos los extranjeros que hubiesen entrado en el territorio nacional con infracci6n de las leyes actuales de inmigraci6n y de trabajo.
Cuarta: A los efectos del cumplimiento del Articulo ochenta de esta Ley Constitucional, se convierte Ia beneficencia piblica existente al-promulgarse esta Ley Constitucional, en el servicio social previsto en dicho Articulo.
Quinta: A los efectos del Articulo setenta y cinco de esta Ley Constitucional, en cada T6rmino de la Repiblica se fundar6 por el Gobierno Municipal una cooperativa de reparto de tierras y casas denominadas "Jos6 Marti", con el fin de adquirir tierras laborables y construir casas baratas para campesinos, obreros y empleados pobres, que carezcan de ellas en propiedad.

Estas cooperativas estar6n bajo la fiscalizaci6n del Gobierno de Ia Repiblica, y ser6n regidas y administradas por sus cooperadares con representaci6n del Municipio, la Provincia y el Estado y bajo la presidencia del representante de este -dltimo; pero sin
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que estas representaciones puedan por si solas decidir ninguna votaci6n.
Los fondos de estas cooperativas estar6n constituidos principalmente por la cantidad con que contribuyan el Estado, la Provincia, el Municipio y las pequefias cuotas de los cooperadores fijadas por la Ley; por el reembolso del capital invertido en aperos de labranza, semillas, casas y lotes ddjudicados; por los dem6s aportes que la cooperativa acuerde y por las donaciones que se le hagan.
Podr6n ser cooperadores los campesinos, obreros y empleados cubanos que llenen los requisitos de la Ley.

Las tierras laborables adquiridas ser6n cedidas por medio de sorteos a los cooperadores campesinos, en lotes no mayores de tres caballerias en las provincias de Las Villas, Camagiiey y Oriente; de dos en las dePinar del Rio y Matanzas; y de una en la de La Habana. La cesi6n se har6 mediante el pago del importe de las semillas, aperos de labranza y lotes a su precio de, costo, sin interns, en un plazo no mayor de veinticinco afios cesando de abonar su cuota cooperativa tan pronto cancele su deuda y adquiera su titulo de propiedad. Las casas ser6n cedidas a los obreros y empleados de las ciudades en igual forma y condiciones que los lotes a los campesinos.

El tdrmino de funcionamiento de estas cooperativas ser6 de veinticinco afios, pero si la pr6ctica demostrare que conviene a los intereses de la Naci6n, el Consejo de Ministros podr6 modificar su estructura, suprimirlas parcial o totalmente o prorrogar el t6rmino; y en el caso de cese definitivo de la cooperativa, sus pertenencias, ser6n reintegradas proporcionalmente a los organismos que las proporcionaren.

SECCION SEGUNDA

Unica: El Estado repartir6 las tierras de su propiedad que no necesite para sus propios fines, en forma equitativa y proporcional, atendiendo a Ia condici6n de padre o cabeza de familia y dando preferencia a quien venga laborando directamente por cualquier titulo.

En ningiin caso el Estado podr6 dar a una sola familia tierras que tengan un valor superior a dos mil pesos o una extensi6n mayor de dos caballerias.
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AL TITULO SEPTIMO
SECCION SEGUNDA
Primera: La inamovilidad reconocida por la legislaci6n vigente se respetar6 hasta tanto el Consejo de Ministros apruebe y promulgue la legislaci6n complementaria reguladora de la carrera administrativa. La inamovilidad que garantiza esta Ley Constituclonal entrar6 en vigor previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones que se establezcan en la Ley que dicte el Consejo de Ministros, los cuales comprender6n a todos los funcionarios, empleados y obreros civiles del Estado, 1ci Provincia y el Municipio, con la sola excepci6n de aquellos funcionarios, empleados y obreros que acrediten llevar m6s de veinte afios de servicios en la administraci6n piiblica.
Segunda: La inamovilidad que garantiza la anterior Disposici6n Transitoria comprende tambi6n a los funcionarios, empleados y obreros civiles de las entidades o corporaciones aut6nomas.
AL TITULO DUODECIMO
SECCION SEGUNDA
Unica: No obstante lo dispuesto en el articulo diez y nueve de la Ley de quince de julio de mil novecientos veinticinco y su Reglamento, sus disposiciones continuar&n en vigor mientras no sean derogadas o modificadas por el Consejo de Ministros; pero quedar6n sin valor ni efecto &lguno tan pronto como sean satisfechos integramente el principal y los intereses de la Deuda Exterior, a cuyo pago se destinan los impuestos a que se refiere la mencionada Ley de quince de julio de mil novecientos veinticinco y sus modificaciones.
TRANSITORIAS FINALES
Primera: Los Gobernadores Provinciales y Alcaldes Municipales que actualmente se encuentran ocupando esos cargos, ya sea por elecci6n o por designaci6n del Gobierno Provisional, continuar6n en el desempefio de sus cargos mientras no disponga otra cosa el Consejo'de Ministros. Esta disposici6n es aplicable a las actuales C6maras Municipales.
Los acuerdos relativos a destituci6n o suspensi6n requerir6n el voto favorable de las dos terceras partes de los Miembros del Con. sejo de Ministros.
Segunda: Quedan en suspenso las funciones del Congreso' y disueltas las mesas de ambos Cuerpos Colesgiladores y las Comiiones permanentes. El Consejo de Ministros dispondr6 lo conducente a fin de asignar al Consejo Consultivo los empleados del
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Congreso, asi como proveer6 al pago de las asignaciones y a la conservaci6n del edificio del Capitolio.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Todos los decretos, iesoluciones u 6rdenes dispuestos por el Jefe del Gobierno directamente o asistido del Conseja de Ministros o por los Ministros en uso de sus facultades como tales, desde el 10 de marzo iltimo hasta la promulgaci6n de esta Ley Constitucional quedan expresamente ratificados, romo medidas de Gobierno necesarias al funcionamiento -del r6gimen establecido.

Segunda: Se derogan todas las disposiciones constitucianales, legales o reglamentarias que se opongan a lo preceptuado en esta Ley Constitucional, la cual empezar& a regir desde el dia de su publicaci6n en la GACETA OFICIAL de la Repfiblica.

Dada en el Palacio de la Presidencia, en La Habana, a cuatro de abril de mil novecientos 'cincuenta y dos.

FULGENCIO BATISTA Y "ZALDIVAR,
JEFE DE GOBIERNO,
PRIMER MINISTRO.


MIGUEL ANGEL DE LA CAMPA,
MINISTRO.DE ESTADO.

-RAMON 0 HERMIDA, MI1NISTRO DE GODERNACION.

JOSE A. MENDIGUTIA,
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS.

OSCAR'DE LA TORRE Y REYNE,
MINISTRO DP COMERCIO.

ANDRES RIVERO AGtYERO
INISTRO DE EDUCACION.


PABLO CARRERA JUSTIZ,
MINISTRO DE COMUNICACIONES.

MARIA GOMEZ CkRBONELL,
MINISTRO SIN CARTERA.

JUSTO SALAS ARZUAGA, MINISTRO SIN CARTERA.

SANTIAGO ALVAREZ RODRIGUEZ,
MINISTRO SIN CARTERA.

ERNESTO DE LA FE,
MINISTRO SIN CARTERA.


MIGUEL ANGEL CESPEDES,
MINISTRO DE JUSTICIA.

MARIN LOPEZ BLANCO,
MINISTRO DE HACIENDA.

ALFREDO JACOMINO,
MINISTRO DE AGRICULTURA.

JESUS A. PORTOCARRERO,
MJUNISTRO DE TRABAJO.

ENRIQUE SALADRIGAS Y ZAYAS,
MINISTRO DE SALUBRIDAD
Y ASISTENCIA SOCIAL.

NICOLAS PEREZ HERNANDE Z, MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL.

JULIA ELISA CONSUEGRA,
TMINISTRO SIN CARTERA.

JUSTO LUIS POZO,
MINITRO SIN CARTERA.

LEONARDO ANAYA MURILI.O,
MINISTRO SIN CARTERA.

AMADEO LOPEZ CASTRO,
MINISTRO SIN CARTERA.


ANDRES DOMINGO,
SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA.
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